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No habrá excarcelación masiva a partir del 1º de Julio

A partir del próximo 1° de julio, un gran número de internos en centros penitenciarios del país, que podrían pedir su libertad por tener más de un año en detención preventiva sin que la justicia defina su situación, ello por efectos de que entrada en vigencia de la Ley 1760 de 2015.

Pero esta Ley, por petición del Gobierno al Congreso se aplazó por un año su entrada en vigencia. La llamada excarcelación masiva, se pospondría todo ese lapso.

Los 3.616 detenidos que el primero de julio próximo podrán solicitar su libertad porque cumplir dos o más años de detención preventiva, si es que a la fecha la justicia no ha resuelto su situación jurídica, son 1.605 por delitos sexuales; 983 por justicia penal especializada; 37 por actos de corrupción; y 91 por delitos con tres o más acusados.

No obstante se espera un análisis de una comisión de la rama judicial que presentaría los parámetros para la aplicación de la norma.

En mayo pasado el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en un  foro ‘Nuevo procedimiento penal abreviado y acusador privado’, alertó que el próximo 1° de julio al menos 3 mil personas procesadas por delitos especiales que no han sido llamadas a juicio recobrarían su libertad. No obstante está pendiente que la comisión de la justicia defina parámetros de aplicación.

El Fiscal recordó que para esa fecha estos internos cumplirían dos o más años de detención preventiva y podrían solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento porque la Ley 1760 de 2015 fijó los términos en que una persona pueda permanecer privada de la libertad sin ser llamada a juicio.

No obstante el pasado 1° de junio, Martínez dijo  en el ‘Congreso internacional de política penitenciaria y carcelaria’, que el próximo 1° de julio cerca de 12.000 internos saldrán de la cárcel por la entrada en vigencia de la Ley 1760.

Explicó que a esa fecha  la Fiscalía ha solicitado 4 mil prórrogas en los casos más graves ante jueces de garantías para que no concedan libertad.

La Ley 1786 estableció que el Ministerio de Justicia deberá presentar cada tres  meses un informe al Congreso de la República indicando el estado, el avance y la gestión adelantada.

El Ministerio de Justicia indicó en un informe al Congreso que con la prórroga de la entrada en vigencia de la Ley 1760 y la incorporación de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, se puede afirmar que en julio 1° de 2017, un total de 3.616 personas procesadas por delitos especiales podrían solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento, y en 3.839 casos la Fiscalía o el apoderado de la víctima podrían solicitar la prórroga de la medida hasta por otro año, por llevar más de un año y menos de dos en esta situación.

 

 

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