El Senado de la República determinó que está prohibido consumo y porte de estupefacientes en parques, espacios públicos y sitios aledaños a colegios y universidades.
Senado en pleno realizará, el próximo martes 24 de septiembre, debate de control político sobre violencia electoral. Aprueban modificaciones a disposiciones sobre reconocimiento a hijos extramatrimoniales. Sí a descuento del 10 por ciento en matrículas a estudiantes de universidades oficiales, que voten en elecciones.
La plenaria del Senado dio esta noche, en último debate, luz verde al proyecto que prohíbe el consumo y el porte de drogas o sustancias psicoactivas, incluida la dosis mínima, en parques, espacios públicos y sitios cercanos a los centros de educación, como colegios y universidades.
Así mismo se estableció que corresponderá a la Asamblea o Consejo de Administración de los conjuntos residenciales regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en las zonas comunes de las propiedades horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001.
También dispuso crear las Salas de Consumo de Drogas Reguladas a cargo de la Secretaría de Salud de cada municipio y entidades territoriales, de acuerdo con la capacidad presupuestal de cada población.
Con este proyecto, que pasa ahora a conciliación con la Cámara de Representantes, queda vigente el decreto del presidente Iván Duque que ordena el decomiso de sustancias psicotrópicas por parte de las autoridades competentes, con el fin de proteger, especialmente a los niños y adolescentes del país.
Se aclaró que con la iniciativa no hay criminalización del consumo y corresponderá los alcades de los 1.103 muncipios del país establecer los perímetros para la restricción del consumo y porte de dogas, incuso la dosis personal, en lugares públicos.
Precisamente, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, indicó que con este proyecto aprobado por el Senado se fortalece el régimen de lucha contra el narcotráfico, por cuanto otorga herramientas que permitirá incautar, destruir la droga, imponer multas y otras medidas correctivas.
En este sentido, el senador ponente y autor del proyecto, Rodrigo Lara, explicó que no se busca penalizar el consumo, sino regularlo de manera que no se realice en lugares concurridos por niños.
“Esta norma es la materialización de una de mis iniciativas, ya que pude constatar que los colombianos querían que los parques, los entornos de los colegios y determinadas áreas del espacio público fueran zonas totalmente libres de drogas. Esto es algo que se puede lograr a través de una reglamentación clara por parte de las autoridades locales y no mediante la criminalización del consumo de droga. No se puede penalizar un problema de salud pública que afecta mayoritariamente a personas jóvenes, que no han contado en su mayoría con oportunidades en la vida”, expresó Lara.
Este proyecto busca modificar el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de infancia y la Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad.
Hijos extramatrimoniales
Por otra parte, la plenaria también aprobó el proyecto que modifica algunas disposiciones relacionadas con el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales.
La senadora Esperanza Andrade, ponente de esa inciativa, dijo que en Colombia hay niños que por diferentes situaciones no han tenido la oportunidad de tener una figura paternal o si quiera el derecho a su apellido, vinculo trascendental para cualquier menor y que influye en gran medida en la formación del mismo.
Además, argumentó que este proyecto beneficiará a los menores y quitará la carga de la madre, para pasarla al padre, quien deberá demostrar científicamente y en un plazo estricto ante la ley si es realmente o no el padre del menor.
“El padre del hijo declarado por la madre deberá ser notificado durante los 15 días calendario siguientes al registro, por los medios más eficaces, a la dirección o domicilio que deberá indicar la madre del inscrito. Cumplido este término para la notificación, el supuesto padre tendrá cinco días calendario siguientes para presentarse y ratificar la paternidad del menor registrado” se consagra en uno de los apartes de la ponencia del proyecto que pasó a estudio de la Cámara de Representantes.
Descuento en matrículas en universidades oficiales
La plenaria del Senado igualmente dio visto bueno al proyecto que establece que el estudiante de una institución oficial de educación superior tendrá derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula, si acredita haber sufragado en el último comicio electoral realizado con anterioridad al inicio del respectivo período académico.
La senadora Paola Holguìn explicó los alcances de esa iniciativa, que indica que ese descuento se hará efectivo no solo en el periodo académico inmediatamente siguiente al ejercicio del sufragio, sino en todos los períodos académicos que tengan lugar hasta las votaciones siguientes en que pueda participar.
La iniciativa establece que el Gobierno Nacional apoyará a las instituciones de educación superior oficiales que realizan el descuento electoral con transferencias que reconozcan el monto total del descuento realizado por cada una de ellas, de acuerdo con los recursos apropiados en cada vigencia. El Gobierno Nacional requerirá la información del valor de los descuentos de votaciones de las Instituciones de Educación Superior que son etablecimientos públicos de los órdenes nacional y territorial.
De esa forma se modifica el numeral 5 del artículo 2º de la Ley 403 de 1997 o de estímulos para los sufragantes.
El senador Eduardo Pacheco, autor de la iniciativa, había presentado una proposición en el sentido de que ese beneficio se extendiera a las universidades privadas. Sin embargo, no tuvo apoyo, por cuanto, según expresaron varios senadores, el Estado no contaría con los recursos suficientes para sufragar ese 10 por ciento en las universidades privadas. Precisamente, el expresidente y senador Álvaro Uribe dijo que en las universidades oficiales estudian cerca de un millón 200 mil jóvenes y en las privadas un millón 100 mil estudiantes. Se estima que ese 10 por ciento de descuento en las universidades oficiales, le costaría al Estado alrededor de 54 mil millones de pesos.