La demanda de acción popular fue instaurada por la Administración distrital contra Cormagdalena, DIMAR, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Transporte.
Entre los objetivos principales está ordenar el diseño e implementación de una política pública de protección ambiental que permita mitigar la contaminación y garantizar su navegabilidad.
El diseño e implementación de un plan de salvamento que garantice la protección de derechos e intereses colectivos por parte de todos los entes que tienen injerencia en el río Magdalena es una de las principales pretensiones del Distrito de Barranquilla al interponer una demanda de acción popular para que el río sea reconocido como sujeto de derechos y se efectúen todas aquellas acciones tendientes a su protección, y la mitigación del impacto ambiental.
Dentro de los derechos colectivos invocados por el Distrito de Barranquilla se encuentran: el goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación restauración o sustitución; la defensa del patrimonio público; acceso a la prestación eficiente de los servicios públicos portuarios y derechos de consumidores y usuarios.
Además, se solicita la gestión sistemática de la cuenca del río Magdalena y la implementación de una política pública para la navegabilidad en este.
En ese sentido, las entidades demandadas, tales como Cormagdalena, DIMAR, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Transporte, deben garantizar el aumento del calado del río para permitir la navegabilidad de embarcaciones, especialmente en el puerto de Barranquilla, y diseñar e implementar una política pública de protección ambiental del río Magdalena para prevenir la reducción del calado y aunar esfuerzos para su aumento.
Según se expone en la demanda, la alta contaminación y sedimentación en el río Magdalena ha disminuido su calado, lo que impide la navegabilidad de las embarcaciones en el puerto de Barranquilla, afectando la economía y el comercio, y repercutiendo en todos los ciudadanos.
Aunque las entidades demandadas han sido requeridas para el cumplimiento de sus funciones y competencias, aún persiste la gran problemática, por lo que el Distrito de Barranquilla espera que el alto tribunal decida de fondo sobre la demanda instaurada y se pueda beneficiar toda la ciudadanía barranquillera.
El fin principal es iniciar una cruzada nacional por la protección y conservación de la arteria fluvial más importante de Colombia.
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