Por violar la libre competencia económica en procesos de contratación pública, la Superindustria sancionó a 7 empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada y a 17 altos directivos vinculados con estas, con multas que superan los $26 mil millones de pesos.
Esta decisión hace parte de la lucha frontal del Gobierno Nacional contra la corrupción, en este caso corrupción privada, pues las conductas investigadas no involucran el comportamiento de funcionarios públicos.
Las empresas sancionadas por la Superindustria son: Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel,Expertos, Insevig, Security Management Group, todas ellas controladas ocultamente por Jorge Arturo Moreno Ojeda.
La Superindustria encontró que las 7 empresas sancionadas, conformaron “de facto” o de hecho un Grupo empresarial denominado “Grupo SMG”, el cual es controlado por Jorge Arturo Moreno Ojeda, por medio del cual manipularon a través de prácticas anticompetitivas, numerosos procesos de contratación estatal con diferentes entidades públicas.
La práctica anticompetitiva sancionada por la Superindustria consistió en que las empresas simulaban ser competidoras independientes en las licitaciones públicas por un valor superior a los $ 70 mil millones de pesos entre el 2009 y el 2012, cuando en realidad actuaban de forma coordinada, concertada y bajo la dirección de su controlante oculto Moreno Ojeda,engañando a las distintas entidades públicas contratantes.
Entre las entidades públicas afectadas por la violación de la libre competencia económica se encuentra la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, Coldeportes, Fuerza Aerea Colombiana, Sena y Emcali, así como el Distrito de Bogotá y varios municipios del país.
La Superindustria senala que en el año 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF puso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, la presunta ocurrencia de acuerdos anticompetitivos en el marco de la Licitación Pública LP-001 de 2011. El ICBF informó que en el curso de la licitación Starcoop y Guardianes, se presentaban como supuestos competidores individuales, cuando en realidad actuaban coordinadamente para que alguna de las dos ganara el proceso licitatorio.
A partir de esta denuncia, la Superindustria analizó el comportamiento de las empresas denunciadas en diferentes procesos de contratación estatal y encontró vínculos de tales empresas de seguridad privada, con otras empresas de seguridad privada aquí sancionadas. Como consecuencia de tales presuntas relaciones, entre abril de 2012 y febrero de 2013, la Superindustria realizó visitas administrativas de inspección a varias empresas de vigilancia y seguridad privada, y encontró documentos y correos electrónicos con listas e información de procesos de selección contractual ante distintas entidades públicas, que evidenciaban posibles estrategias anticompetitivas encaminadas a la adjudicación de los contratos allí mencionados.
Agotado el trámite administrativo, la Superindustria encontró acreditada la existencia un sistema creado y ejecutado por los investigados tendiente a limitar la libre competencia al participar en procesos de contratación pública simulando ser competidores, independientes y autónomos, cuando en realidad no lo eran, pues obedecían a un mismo interés, sus estrategias eran coordinadas bajo la dirección y control oculto de Jorge Arturo Moreno.
