Según el Auto expedido el pasado 4 de septiembre del presente año, por el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo, se señala que existe mérito para la formulación de cargo tanto a la Federación como a la Dimayor aclarando que si bien es cierto: “el empleador directo de los futbolistas no es la Federación Colombiana de Fútbol y a la División Mayor del Fútbol Colombiano, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social, sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negociación colectiva a Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales—ACOLFUTPRO, por esta razón, tendría la obligación de iniciar las negociaciones”.
La formulación de cargos implicaría la apertura de un proceso administrativo sancionatorio con multas que podrían ir desde 5 hasta 10 millones de pesos diarios, por cada día de mora, en el inicio de las conversaciones del pliego de peticiones.
El conflicto inició en septiembre de 2019 cuando más de mil futbolistas de cerca de 35 clubes, aprobaron un pliego de peticiones que contiene aspiraciones para mejorar sus condiciones de trabajo.
La querella fue presentada por Acolfutpro y se inicia con fundamento en los artículos 39 y 55 de la Constitución Política y los Convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que han sido ratificados por Colombia.
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