El Gobierno ordenó que las empresas mineras y aquellas calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria pro conexión, puedan acogerse al mecanismo de obras por impuestos.
Así lo establece el decreto ley 883 del Ministerio de Hacienda, el cual establece que se dará prioridad a los proyectos ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto, que coincidan con aquellos en donde se desarrollen Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
Las firmas que pretendan acogerse deberán cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios.
Con este decreto ley, se desarrolla el aspecto pertinente del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en el que se promueve la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a los mercados y la sostenibilidad de los proyectos de la Reforma Rural Integral, el Programa de Sustitución de Cultivos y los planes para la reincorporación a la vida civil, establece la parte motiva del decreto ley.
