Al menos 480 proyectos que aún no cuentan con el lleno de requisitos legales, estarían inmersos en la Ley de Garantías que entrará en vigencia desde este fin de semana.
El 11 de noviembre empezará a regir esta norma que busca que no se hagan contrataciones estatales en medio de un período electoral.
El proceso involucra directamente a la capital del país, en proyectos de magnitud como la primera línea del metro, que tiene un costo de $12,9 billones.
También entran en estas cuentas las fases II y III del Transmilenio en Soacha, con un valor estimado de $615.000 millones, junto con el Regiotram, por $1,5 billones y que ya solo está pendiente del convenio.
Sin embargo, hay muchas de las otras obras de iniciativas municipales y departamentales que han sido aprobados o viabilizados financieramente en los últimos días, como los que se harán con recursos que dejó la venta de Isagen y obras del Departamento de Prosperidad Social, entre otras.
La restricción que comienza a aplicarse el próximo sábado, como explicó Liliana Caballero, directora de Función Pública, limita a “los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas para celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos, independientemente de la naturaleza o el orden nacional o territorial de la otra entidad contratante”.
“No se podrán celebrar convenios interadministrativos, independientemente de la naturaleza o el orden nacional o territorial de la otra entidad contratante”.
Según Colombia Compra Eficiente, durante el primer semestre de 2014, periodo que estuvo atado a la Ley de Garantías, se ejecutaron $21 billones a través de 238.339 contratos directos, mientras que en 2015, ya sin la Ley, este monto se incrementó hasta $25 billones.
