El Senado iniciará el estudio de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, con limitaciones en la ponencia para la participación política de las Farc. El documento señala que: “será incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal Especial para la Paz”.
Si la JEP impone a un guerrillero sanciones alternativas u ordinarias, las cuales se pagan en la cárcel, no accederían a la elegibilidad.
Los guerrilleros que lleguen a curules en el Congreso desde el próximo año se perjudicarían, debido a que una decisión de la jurisdicción especial los obligaría a dejar sus cargos.
Esta posibilidad no ha caído bien en Voces de Paz, donde están los voceros de las Farc en el Congreso, ya que consideran que se violaría el espíritu del acuerdo.
Los acuerdos de La Habana establecieron que ninguna sanción impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz podrá inhabilitar a las Farc para ejercer política.
El punto de participación política de la ponencia se establece una obligación a los guerrilleros de contar la verdad y de reparar a las víctimas para poder hacer parte de cargos de elección popular.