Los gremios turísticos del país viene trabajando desde el 2016 con el Ministerio de Comercio, en la construcción de un marco normativo con reglas claras para que todos los prestadores, permitan la protección del consumidor, que represente el bien común y el interés general.
La consigna es que quien preste servicios turísticos en el país debe cumplir la normatividad vigente, sin importar cuál es el mecanismo de comercialización de sus productos.
Activar conjuntamente con el gobierno estos mecanismos, ha motivado a que han tenido participación activa en las mesas de trabajo interinstitucionales desde el año 2016 y en 2017 son justamente la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, Anato, Acodrés, Asotelca, Asobares, Acovitur, Acoltés, Aditt, además de Asobancaria, Sic, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, Dian y la Presidencia de la República, entre otros.
“Se trata de construir la base de una regulación que facilite que todos los portales y prestadores de servicios turísticos digitales estén cobijados por el ordenamiento jurídico colombiano”, aseguró la Ministra María Claudia Lacouture.
Para el sector turístico nacional es importante que todos los prestadores estén amparados por nuestra legislación y que el sector se fortalezca a partir de la oleada de innovación que traen los desarrollos tecnológicos, agregó.
El Ministerio abandera la política de formalización del sector desde la implementación de la Ley 300 de 1996 o Ley General de Turismo, que ha sido fortalecida mediante herramientas tales como las brigadas que se han desarrollado desde el año 2013, a lo largo y ancho del país, y no se escapan de esta labor los prestadores nacionales que se anuncien en plataformas digitales.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene a su cargo la construcción y desarrollo de la regulación en materia de prestación de servicios turísticos digitales. En este sentido, se han considerado aspectos como inclusión de políticas de formalización, sostenibilidad y calidad de los prestadores de servicio turísticos, publicitados a través de los portales web y móviles, además de la obligatoriedad del cumplimiento del pago de las contribuciones de ley a que hubiera lugar.
