El Gobierno radicó en el Congreso las objeciones “por inconveniencia” al proyecto de ley de depuración normativa que fue aprobado en junio pasado y en la cual el Dane serìa eliminado debido a que deroga su creación.
La derogación del decreto de 1953 que creó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se aclara que “No existe en el ordenamiento jurídico una norma posterior que justifique su existencia y funcionamiento”, advierte el Ejecutivo.
En el caso de la Superintendencia de Sociedades, estaba una norma de 1931 que crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas, sobre la cual la Casa de Nariño manifiesta que tampoco existe una “norma posterior que regule su funcionamiento”.
El presidente Iván Duque objetó parcialmente una de las leyes más celebradas por su Gobierno, la Ley 169 de 2018, de depuración normativa, que eliminaba más de 10.000 normas obsoletas.
De acuerdo al gobierno, la desaparición de varias normas en las cerca de 11.000 que se buscaban derogar causaría un traumatismo en el ordenamiento jurídico del país. No todas las leyes y decretos que contiene ese proyecto de depuración podían quedar sin vigencia.
El caso más importante es el de la Ley 600, o antiguo Código de Procedimiento Penal, sin la cual quedarían sin herramientas diferentes autoridades judiciales para llevar los procesos penales contra congresistas y otros aforados; es decir, el sistema penal que aplica la Corte Suprema de Justicia.
Las objeciones presidenciales al proyecto de ley de depuración normativa, las cuales son parciales ya que son solamente sobre algunos artículos, deberán ser tramitadas por las plenarias de Senado y Cámara, que resolverán el destino final de la ley de depuración normativa.
