La Ministra de Educación, Yaneth Giha, presentó el Decreto 1421 de 2017, que reglamenta la prestación del servicio educativo a personas con discapacidad, para garantizar de esta manera una educación de calidad y en condiciones de equidad.
El Decreto da un plazo de 5 años a las Secretarías de Educación y a las instituciones educativas oficiales y privadas para implementar sus disposiciones.
Este nuevo enfoque, subrayó la Ministra, se basará en la capacidad de los profesores para garantizar que todos los estudiantes aprendan y, en algunos casos, en docentes de apoyo, que asesorarán y acompañarán a los maestros en el aula, durante el proceso de construcción e implementación de los planes individuales.
El decreto, tiene como objetivo fundamental reglamentar la prestación del servicio educativo para la población con discapacidad desde el acceso, la permanencia y la calidad, para que los niños puedan transitar por la educación desde preescolar hasta la superior o educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Giha aseguró que a las iniciativas que desde hace años se trabajan desde el Gobierno Nacional en materia de inclusión educativa se suma este articulado que, enfatizó, es el compromiso que el Gobierno en general y el Sector Educativo establecen para eliminar gradualmente las barreras existentes, con el fin de que las personas con discapacidad ingresen a la educación y se promueva su desarrollo, aprendizaje y participación en condiciones de equidad con los demás estudiantes.
“Este Decreto nos marca un camino de transformación en el sistema educativo, para transitar hacia un modelo de inclusión, donde los estudiantes con discapacidad tengan las mismas garantías de educación que el resto de los estudiantes”, dijo Giha al presentar el Decreto, en desarrollo del Consejo Nacional de Discapacidad –del Plan Presidencial para la Inclusión de Personas con Discapacidad–, que se llevó a cabo este miércoles en Maloka, en Bogotá.
El Decreto, explicó la Ministra de Educación, contempla cinco aspectos clave para mejorar el servicio de educación a las personas con discapacidad y sitúa a Colombia en la línea de los países que más acciones han desarrollado para atender a esta población, como condiciones para el acceso sin barreras, la permanencia y procesos educativos de calidad para la continuidad educativa; una oferta educativa pertinente, y un plan progresivo de implementación.
En este sentido, la Ministra informó que el Decreto establece un plazo de cinco años a las Entidades Territoriales e instituciones educativas oficiales y privadas para dar cumplimiento a sus disposiciones y que van en la línea de hacer a Colombia el país mejor educado en 2025.
“Una de las apuestas más importantes es que los estudiantes con discapacidad puedan formarse en el mismo salón de clases que el resto de sus compañeros –manifestó la Ministra–, para ello se crearán los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR), es decir, un plan para cada estudiante que contiene todos los apoyos que necesita para aprender en condiciones de equidad”.
