La Fiscalía General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia procesar a la Congresista Aida Merlano, por los hechos acontecidos el pasado domingo, tras el allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, donde habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes para jornada electoral del pasado 11 de marzo.
La Procuraduría por su parte abrió indagación preliminar en torno al escandaloso hecho que puso al descubierto la Fiscalía en Barranquilla en la campaña de la senadora electa Aída Merlano, a propósito del cual la fiscalía también pidió a la Corte Suprema de Justicia asumir la investigación correspondiente para definir la situación de la dirigente política.
El Partido Conservador se pronunció y a través de su veeduría independiente investigará el caso y el MOE, anunció que esto deberá estar definido en su investigación y sanción antes de la entrega de credenciales y posesión de los congresistas.
El ministerio público hizo el anuncio a través de su cuenta en Twitter:
La senadora electa Aída Merlano, se le encontraron dineros, armas y códigos de barras para la presunta compra de votos en su sede de campaña el pasado domingo en plena jornada electoral.
Según el fiscal, la campaña de Aída Merlano habría pagado 40 mil pesos por cada voto y adicionalmente, 5 mil pesos de subsidio de transporte.
En total, se habrían entregado más de 6 mil millones para la compra de votos.
En sede campaña Aída Merlano en Barranquilla se incautaron certificados electorales, fotocopias cédulas ciudadanía,documentos y planillas electorales,listas con nombres de votantes y líderes organizados presuntamente para comprar votos, certificación de compromiso de compra de votos.
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Igualmente se decomisaron 9 computadores, 4 armas de fuego (tres sin salvoconducto y una con salvoconducto a nombre de Aída Merlano), $268’993.000 en efectivo y registro de cámaras seguridad instaladas en la casa.
Tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos: las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante.
Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña.
Se llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional, en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Al parecer, cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte. El monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto.
En el proceso se efectuó la captura en flagrancia de 5 personas:
Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas
Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas.
Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña.
María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales.
Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.
Las capturas fueron legalizadas ante el juez Primero penal de control de garantías junto con los materiales incautados en el allanamiento. Mañana, ante ese mismo juez, se continuará la audiencia para imputarles el delito de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
La Fiscalía continúa procesando la información documental recaudada junto con la de las cámaras de seguridad y computadores, con el objetivo de verificar la hipótesis de que los líderes comprando de votos no sólo en el Atlántico sino también en otros departamentos del país. De acuerdo con esos resultados, se determinará si es procedente la formulación de nuevas imputaciones por otros delitos.
