La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, será acusada por la Fiscalía General, ante un juzgado de conocimiento de Bogotá, por su presunta participación y responsabilidad en la celebración de contratos que tenían como objeto reducir la mortandad infantil en el municipio de Albania.
Por motivos de seguridad, el expediente contra Pinto fue trasladado a Bogotá. La Fiscalía General sostuvo en su petición que existía un riesgo de manipulación y alteración de los elementos materiales probatorios debido al poder que tiene la exmandataria departamental en la región.
Las pruebas que presentará el ente acusador, indican que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1.600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual. Los subcontratados presuntamente recibieron la suma de $1 millón 200 mil pesos cada uno, para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.
La investigación señala que había personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa saliente.