El senador del Partido Liberal Álvaro Ashton definirá este viernes su situación jurídica y la Corte Suprema determinará si permanece en la cárcel La Picota de Bogotá donde está recluido o se le otorga el beneficio extra mural mientras se realiza la investicación de su caso.
El legislador se declaró inocente y volverá a rendir indagatoria ante el ente acusador por sus presuntos nexos con grupos armados ilegales.
El proceso por el cual fue capturado tiene que ver con la conformación y promoción de grupos paramilitares.
Ashton también es indagado en otro proceso preliminar, presuntamente por delitos contra la libertad y el pudor sexual.
Ashton tiene actualmente cinco procesos en la Corte Suprema: el cartel de la toga, Odebrecht, la Dirección Nacional de Estupefacientes y parapolítica. Sin embargo, de la última investigación se desprendió una ruptura procesal que originó en una nueva pesquisa por presuntos hechos asociados a delitos sexuales.
El alto tribunal continurá con la práctica de pruebas en busca de resolver la situación jurídica del congresista por el delito de concierto para delinquir. La investigación por estos hechos inició en 2012 luego de que Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y Mario Rafael Marenco, el Gordo, lo señalaron de tener nexos con el frente José Pablo Díaz de las AUC, que operaba en el departamento del Atlántico.
Los testimonios sostienen que Ashton hizo parte del Plan Caribe, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, a través del exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenisgberg, para apoyar candidatos al Congreso. El polémico senador está en el ojo del huracán por el presunto pago de $600 millones al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, para sepultar la investigación por parapolítica. Esta indagación está enmarcada en el caso del cartel de la toga.
Ashton llegó en 2002 al Senado con la votación más alta de su departamento: 73.542 votos. Antes de entrar al Congreso, de la mano del senador José Name Terán, se desempeñó como rector de la Universidad del Atlántico.
El senador es investigado por el delito de concierto para delinquir agravado, por presunta cercanía con un bloque de las Autodefensas de Colombia que habría financiado sus aspiraciones políticas en el año 2006.
En contra de este congresista viene realizándose una investigación desde el año 2012 y en el proceso existen declaraciones del exjefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro alias ‘Don Antonio’, en las que es señalado de manera directa con el grupo armado ilegal.
Además el senador tiene una investigación por haber entregado 600 millones de pesos para desviar precisamente las investigaciones en su contra por parapolítica en lo que se conoce como el ‘Cartel de la Toga’.
