La iniciativa del entrante Gobierno del presidente Gustavo Petro de buscar una negociación con el Eln, no tendría piso jurídico, de acuerdo a opositores de la gestión, debido a que la Ley eliminó la conexidad del secuestro y el narcotráfico con el delito político.
Sin embargo, los expertos consideran que sí es posible y existen varias vías dentro del marco jurídico.
El Centro Democrático, que desde un principio tuvo reparos sobre el Acuerdo de Paz con las Farc, particularmente porque pudiera existir impunidad para los responsables de graves delitos cometidos en el conflicto, promovió un proyecto que derivó en el Acto Legislativo 02 de 2019 para cortar la conexidad del secuestro y el narcotráfico con el delito político.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha seguido la línea de la Corte Suprema, centrando la conceptualización del delito político en su distinción del delito ordinario.
En materia de conexidad la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que “puede existir la posibilidad que el legislador confiera el carácter conexo del delito político a otros tipos penales, siempre y cuando se cumplan con condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, criterios a los cuales se ha adicionado la obligación de (…) deberes estatales de juzgamiento, sanción y satisfacción de los derechos de las víctimas de, entre otros, los denominados delitos atroces, al igual que de las conductas constitutivas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves infracciones al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos”.
Comentarios recientes