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Cumplir normativa que rige la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), pide Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación, exhortó al alcalde de Murindó, Antioquia, Oswaldo Quejada Ledezma; y a la secretaria de Gobierno y Derechos Humanos de Girardota, Mónica Alejandra Hoyos Bustamantecumplir la normativa relacionada con la prestación del servicio de alimentación escolar.

En las comunicaciones enviadas, el Ministerio Público señaló que según un reporte de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA (una estrategia integral multisectorial dirigida a resolver los problemas nutricionales y alimentarios de los niños antioqueños), con corte al 25 de octubre de 2023 no se estaría prestando el servicio de alimentación a todos los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los municipios referenciados.

Por esa razón, le solicitó a Quejada Ledezma y a Hoyos Bustamante informar si iniciaron oportunamente la prestación del servicio alimentario, pues según lo indicado por la Gobernación de Antioquia, Murindó y Girardota disponen de un proyecto cofinanciado con recursos del Sistema General de Regalías y, adicionalmente, el proceso contractual se encuentra adjudicado.

El informe deberá precisar datos sobre la ejecución actual del PAE en las instituciones educativas de estos entes municipales, las acciones preventivas establecidas en caso de que el contrato finalice antes de la fecha prevista, y si destinaron recursos propios para mantener el programa hasta culminar el año escolar, entre otros. 

En caso de que las respuestas de las administraciones municipales requeridas por el ente de control sean negativas, deberán indicar las razones de su incumplimiento frente al disfrute de este derecho que tienen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes antioqueños, puntualizó la Procuraduría en sus misivas. 

Finalmente, la Entidad recordó a los funcionarios la exigencia legal de asegurar la disponibilidad de recursos por periodos iguales o superiores al calendario académico para garantizar la prestación del servicio de manera oportuna y con calidad durante el 100 % del término pactado, respetando los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal. 

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