La Contraloría General de la República profirió fallo de primera instancia con responsabilidad fiscal, en cuantía de $38.866 millones de pesos, en contra de Coomeva EPS, dos de sus exgerentes (Fernando Panesso Serna y Piedad Cecilia Pineda) y otras personas naturales y jurídicas involucradas en la destinación de recursos públicos de la salud para sufragar gastos administrativos.
Honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, adecuaciones e instalaciones, gastos de viaje, libros, suscripciones y periódicos, música ambiental, elementos de aseo y cafetería, útiles, papelería y fotocopias, impresiones, combustibles y lubricantes, taxis y buses, casino de alimentos y restaurante y parqueaderos, entre otros, son los gastos señalados por el ente de control.
La EPS Coomeva utilizó recursos de la salud para gastos administrativos, señaló la Controlaría General de la Nación, profiriendo fallo de primera instancia con una responsabilidad fiscal por $38.866 millones en contra de Coomeva EPS, dos de sus exdirectivos, entre otros.
Tras una ardua investigación, el máximo organismo de control fiscal del Estado indicó que Coomeva EPS, dos de sus directivos (Fernando Panneso Serna y Piedad Cecilia Pineda) y otras personas naturales y jurídicas estarían involucrados en la destinación de recursos públicos de la salud para gastos administrativos.
De manera dolosa, se infringieron las normas que prohíben la destinación o utilización de los recursos de la seguridad social para fines diferentes a ella.
El daño patrimonial se produjo por la disminución de los recursos parafiscales destinados a la prestación de los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), en cuantía de $4.989 millones durante los meses de octubre a diciembre del año 2007, y $22.872 millones durante el año 2008, lo que arroja un total de $27.862 millones, cifra que al ser indexada asciende a la suma de $38.866 millones.
Recursos y medidas cautelares
Contra el fallo proferido por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, proceden los recursos de reposición y apelación.
Como medida cautelar, la Contraloría decretó el embargo de bienes inmuebles de los responsables fiscales, igual que la retención de dineros depositados en las cuentas bancarias de todos ellos.
