En su cuenta de la red social X, el jefe de Estado reiteró la necesidad de un proceso constituyente que gire, principalmente, hacia la reordenación del territorio, garantizar el pleno goce de los derechos consagrados en la Carta de 1991 y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
El presidente Gustavo Petro reiteró y explicó los alcances de nueve puntos que propone para ser discutidos en una asamblea constituyente.
En su cuenta personal de X el mandatario dejó “para su reflexión en Semana Santa”, un documento titulado ‘El Poder Constituyente en Colombia’, en el que hace varias consideraciones sobre la implementación de la Constitución Política de 1991.
«En los treinta y tres años que han pasado después de derogada la constitución de 1886 y promulgada la del 91, ésta ha sido contra reformada en dos aspectos fundamentales: a) No permitieron que los recursos de la educación pública crecieran más que los ingresos corrientes de la nación, la contrarreforma le hizo perder a la educación pública 200 billones de pesos acumulados que hoy redundan en uno de los sistemas educativos más malos de la OCDE. El derecho a educarse se esfumó. Colombia renuncia a la inteligencia colectiva de su sociedad”.
Agrega: “b) La reforma agraria. Cuando Andrés Pastrana, quitó el artículo de la expropiación de tierras por vía administrativa, la dejó para vías y obras de infraestructura; acabó con la posibilidad de una reforma agraria seria. Con esta contrarreforma la mayor parte de la tierra fértil con 15 millones de hectáreas de vocación agrícola no se cultivan en contra de toda racionalidad económica y en contra de la industrialización del país; la mafia consolidó su dominio sobre la tierra fértil, y ante la ausencia de una ley ‘fast track’, que el Congreso no quiso tramitar, se hundió el proceso de paz del 2016”.
El mandatario dijo que “la fuente de todas las violencias: la injusta distribución de la tierra fértil, no tuvo solución”, y señaló que varias de las órdenes impartidas por el constituyente al legislador no se han cumplido, entre ellas la de hacer un nuevo ordenamiento territorial y la del Estatuto del Trabajo.
“Hoy la base del poder político en el Legislativo y Ejecutivo es el ordenamiento territorial de 1886”, afirmó.
Manifestó que en lugar de basar el crecimiento económico en el incremento de la productividad, lo que implica más competencia y educación, “prefirieron la sobre explotación del mundo del trabajo”.
Aclaró que la Constitución de 1991 no propuso el socialismo, propuso acabar el feudalismo y la esclavitud y avanzar en un capitalismo productivo, competitivo y en pacto con los trabajadores y el campesinado, “tal objetivo no se ha cumplido”.
“Como si las contrarreformas y el incumplimiento del desarrollo legislativo propuesto no bastaran, en 33 años el Legislativo no ha podido abordar reformas fundamentales que han surgido en este lapso de tiempo como la descarbonización de la economía, tema que no se conocía en el 91; o la reforma a la Justicia y a la política, o las consecuencias del proceso de paz del 2016, o, la importancia fundamental de la verdad judicial, la restauración de las víctimas y la reconciliación y el perdón social a partir del punto final en la violencia”.
En su criterio, la palabra “de manera progresiva” que se propuso en la Constitución de 1991 para alcanzar todos los derechos “se ha convertido en puntos suspensivos”, es decir, “derechos no alcanzados”.
Comentarios recientes