La EPS indígena Maexka tiene influencia en 18 municipios, 12 del departamento de Córdoba y 6 del departamento de Sucre, señaló la senadora Arleth Casado, quien en debate en el Congreso destacó que conjuntamente con Supersalud no abandonaran a estos usuarios.
El Congreso aprovechó la presencia del superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, para darle un parte de tranquilidad a los más de 200 mil afiliados que tiene la intervenida EPS indígena, Manexka.
Frente al proceso administrativo adelantado por la SuperSalud, “ha habido mucha incertidumbre por la desinformación al decir que no le van a prestar servicios médicos, ni tratamientos a los afiliados de Manexka. Esto es falso”, aseguró la congresista cordobesa.
La intervención se hizo por factores de corrupción, “porque había que poner en cintura a quienes no le están dando un manejo adecuado a los recursos de la salud para prestar un servicio de calidad y humano”.
Por su parte el Superintendente de Salud, explicó que tras la decisión tomada por la entidad que representa, responsable de la inspección y vigilancia en el sector salud, están abocados a que un juez de la República revoque “una decisión de tipo administrativo que coincide conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación y con la Procuraduría, en los graves hechos de corrupción que se estaban dando al interior de Manexka”, advirtió el Supersalud Norman Muñoz.
Al respecto señaló que “no hay derecho que desde una decisión judicial se busque atravesársele a una decisión de tipo administrativo, que como en el caso de la superintendencia se tomó recientemente sobre la liquidación de Manexka”.
Seguidamente explicó que la intervención se dio, entre otros aspectos, porque los cerca de 200 mil afiliados de esta EPS “no estaban siendo atendidas. Encontramos que a 180 madres embarazadas no se les prestó atención alguna porque no tuvieron un solo seguimiento, eso es corrupción, igual situación tenemos con algunas IPS públicas”.
