El Congreso citó al debate de control político para hacer seguimiento al cumplimiento de la participación de los pequeños y medianos productores campesinos y agricultores en los mercados de compras públicas de alimentos, que contempla la ley 2046 de 2020.
La Ley sobre compras públicas beneficiará a 1.6 millones de personas, quienes en su mayoría están en la informalidad
La convocatoria la hizo la senadora Sandra Ortiz (Alianza Verde),
En su presentación la congresista citante manifestó, “estamos haciendo el seguimiento a la Ley de compras públicas, para saber el cumplimiento del Gobierno Nacional en las compras, esta es la salida para activar el campo colombiano».
Entre tanto el senador Jorge Londoño (Alianza Verde), dijo que la economía campesina se encuentra en problemas, porque el precio de los insumos ha subido hasta el 80%. El senador habló de la importancia de tener la Ley de asociatividad, para que los campesinos puedan acceder a las compras públicas. Propuso que las entidades gubernamentales como el ICBF, incluyan en la minuta los productos frescos que se cultiven en la región, para evitar tercerización.
El legislador indicó que la Ley de compras públicas, pretende acabar con la intermediación que tienen más de mil 600 familias campesinas en el país. “La economía campesina se encuentra en problemas, porque el precio de los insumos ha subido hasta el 80%”.
El viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Omar Franco, anotó, «Estamos trabajando en la implementación de la Ley, para que las entidades faciliten el proceso. Esta norma ha dado resultados y es una prioridad para el gobierno».
De igual manera el viceministro de Defensa Carlos Andrés Ríos, expresó que esa entidad invierte anualmente unos 90 mil millones de pesos, en la compra de alimentos a los productores colombianos. Cumpliendo así con el 30% que indica la Ley,” lo hacemos porque con estos alimentos frescos abastecemos a nuestras tropas y apoyamos la producción campesina”.
La senadora La Maritza Martínez (Partido Liberal), señaló que no se está cumpliendo con el principal objetivo de la Ley, que es la compra directa a los campesinos. Agregó que otro de los obstáculos, es que las entidades territoriales no tienen conocimientos claros en la implementación de la norma.
La senadora propuso la creación de una comisión para hacer seguimiento y acompañamiento al Ministerio, para que la norma sea más efectiva y eficiente en los territorios colombianos más apartados. “esta Ley le va ayudar a 1.6 millones de personas campesinas, que están alrededor de la economía familiar, aspiramos a que se pueda avanzar a la formalidad, para ayudarlos”.
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