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Con apoyo de Japón, Colombia avanza en la inclusión social de víctimas con discapacidad

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay 200 mil víctimas en situación de discapacidad. Representantes del Gobierno japonés y funcionarios de varias entidades del Gobierno se encontraron en Bogotá, en la Dirección de la Unidad para las Víctimas, para unir esfuerzos en beneficio de esas 200 mil víctimas con discapacidad del país.

En la sesión del Comité de Coordinación Conjunta del ‘Proyecto para la inclusión social de víctimas del coto con discapacidad’, se hizo un detallado examen de la situación que afrontan las víctimas con discapacidad.

“Desde la Unidad para las Víctimas, gerenciamos este proyecto y agradecemos que en esta sesión del Comité se hayan tomado decisiones trascendentales frente a la consolidación de la estrategia de inclusión social para víctimas con discapacidad”, señaló Ana Torres, coordinadora de cooperación internacional de la Unidad para las Víctimas.

Las personas con discapacidad se enfrentan a diario con barreras que dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos. Así, el enfoque diferencial para las víctimas con discapacidad se concreta en las medidas de atención, asistencia y reparación integral diferenciadas para las personas con discapacidad.

En la sesión del Comité de Coordinación Conjunta del ‘Proyecto para la inclusión social de víctimas del conflicto con discapacidad’, se hizo un detallado examen de la situación que afrontan las víctimas con discapacidad.

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“Desde la Unidad para las Víctimas, gerenciamos este proyecto y agradecemos que en esta sesión del Comité se hayan tomado decisiones trascendentales frente a la consolidación de la estrategia de inclusión social para víctimas con discapacidad”, señaló Ana Torres, coordinadora de cooperación internacional de la Unidad para las Víctimas.

Las personas con discapacidad se enfrentan a diario con barreras que dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos. Así, el enfoque diferencial para las víctimas con discapacidad se concreta en las medidas de atención, asistencia y reparación integral diferenciadas para las personas con discapacidad.

Éstas deben reconocerse sin importar el tipo de discapacidad (física, sensorial, mental, intelectual o múltiple) e independientemente del momento en el que se adquirió o se desarrolló la discapacidad.

En consecuencia, las medidas de atención, asistencia y reparación integral para personas con discapacidad deben garantizar el acceso efectivo a sus derechos, identificar y responder las necesidades específicas de la persona de acuerdo con su discapacidad, y promover su inclusión social y efectiva.

A la reunión asistieron Satoshi Murosawa, representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés), y Andrés Uribe, director de Gestión de Demanda de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC).

Así mismo, delegados de las gobernaciones de Cundinamarca y Santander, de los ministerios del Interior y de la Protección Social, y funcionarios de varias direcciones territoriales y dependencias de la Unidad para las Víctimas, entidad que gerencia este proyecto.

Éstas deben reconocerse sin importar el tipo de discapacidad (física, sensorial, mental, intelectual o múltiple) e independientemente del momento en el que se adquirió o se desarrolló la discapacidad.

En consecuencia, las medidas de atención, asistencia y reparación integral para personas con discapacidad deben garantizar el acceso efectivo a sus derechos, identificar y responder las necesidades específicas de la persona de acuerdo con su discapacidad, y promover su inclusión social y efectiva.

A la reunión asistieron Satoshi Murosawa, representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés), y Andrés Uribe, director de Gestión de Demanda de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC).

Así mismo, delegados de las gobernaciones de Cundinamarca y Santander, de los ministerios del Interior y de la Protección Social, y funcionarios de varias direcciones territoriales y dependencias de la Unidad para las Víctimas, entidad que gerencia este proyecto.

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