La población venezolana es la que más servicios solicita en la Casa de los Derechos de Soledad.
Tras cinco meses de funcionamiento, la Casa de los Derechos de Soledad se afianza entre la población de colombianos retornados y migrantes venezolanos como punto de enlace con Migración Colombia y centro de asesoría para desplazados y personas vulneradas en sus derechos.
Es la quinta Casa de los Derechos en el país y la primera que funciona en la Costa Caribe por un convenio con la Defensoría del Pueblo, gracias a la gran labor que el gobierno municipal de Soledad viene realizando con las víctimas del conflicto armado, por medio de su Oficina de Víctimas, por ser éste un municipio que ha acogido un importante número de colombianos retornados y de venezolanos.
La gestión continúa realizándose para brindarles mejor y mayor ayuda, como lo refiere Natalia Rueda, coordinadora de la Oficina de Víctimas de Soledad: «En la mesa nacional de gestión migratoria solicitamos que el municipio tenga un enlace de Migración Colombia, para facilitar la atención a todas estas personas y no tengan que trasladarse a otros sitios donde haya punto de Migración. En general, estamos trabajando para brindarles toda la ayuda requerida», sostiene.
Está ubicada en la carrera 19B No. 11-64 y la atención al público se presta de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, horario en que pueden recibir los servicios de la oferta institucional, acompañamiento jurídico por parte de la Defensoría del Pueblo y atenciones y charlas de organizaciones internacionales.
Los servicios más solicitados por estas poblaciones vulnerables son: consulta para trámites con Registraduría, para registros al Sisbén y el acceso a la salud.
La población que más requiere los servicios es la migrante venezolana, dado que Soledad, de la mano de la actual administración, ha acogido a esta población que llega buscando mejores oportunidades de vida.
La Casa de los Derechos ha sido creada como una estrategia de restablecimiento y reconstrucción de relaciones jurídicas y administrativas entre las entidades del Estado y los ciudadanos.
