La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exsenador de la República Mario Alberto Castaño Pérez, por presuntamente inducir a varios alcaldes para que escogieran a personas afines a su estructura para la celebración de diversos contratos y obtener beneficios económicos para él y terceros.
La Procuraduría indicó que en ambos casos el funcionario habría irrespetado el ordenamiento normativo.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el exparlamentario, a través de un tercero, determinó a los alcaldes de Piendamó y Suárez, en Cauca; Samaná en Caldas y Balboa en Risaralda, para intervenir indebidamente en diferentes contratos estatales de manera que se garantizara su adjudicación, así como el posterior disfrute de los recursos que de ellos obtenían.
El organismo de control adujo que Castaño Pérez posiblemente intervino en el amañamiento y direccionamiento de los contratistas del consorcio San Miguel, para apropiarse de más de $1.500 millones, que si bien fue celebrado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres estuvo siempre bajo la directriz del grupo liderado por el exsenador.
En un tercer caso, el Ente de control explicó que el excongresista hizo que una persona miembro de su organización hiciera creer que $2.000 millones del Ministerio de Cultura se iban a destinar al desarrollo íntegro de un proyecto, y desviar $300 para la coautora y él mismo.
La Procuraduría indicó que en los tres casos el funcionario habría irrespetado el ordenamiento normativo y su deber de actuar siempre en defensa de la legalidad y la promoción del bienestar general, a la que estaba obligado por su rol y la representación popular de la que estaba investido.
La Entidad estableció que, al parecer, el disciplinable quebrantó los principios de moralidad e imparcialidad, por lo que con su presunta actuación incurrió en faltas disciplinarias y las calificó en todos los cargos de manera provisional como gravísimas a título de dolo.
