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Autores de delitos sexuales contra niños, no serían objeto de beneficios

Así lo estableció la Comisión Primera al dar luz verde a esa iniciativa, que estipula que este tipo de hechos execrables serán juzgados únicamente por la justicia ordinaria. Autores de esos delitos contra menores no podrían ser beneficiados con futuros acuerdos de paz. 

La Comisión Primera aprobó el proyecto de ley que elimina la libertad condicional, redenciones y demás beneficios judiciales o administrativos para quienes cometan delitos sexuales contra los menores de edad.

«Los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y serán investigados y juzgados conforme las normas definidas en el Código de Procedimiento Penal».

El proyecto, cuyo ponente fue el senador Santiago Valencia, Centro Democrático, fue aprobado en su primer debate, el cual complementa el artículo 44 de la Constitución Política presentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho a consideración del Congreso y garantiza la protección para los niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, consideró que la iniciativa desarrolla todos los convenios internacionales suscritos por Colombia en defensa de los derechos de los menores. Por su parte, los senadores de la Comisión acogieron el proyecto al considerar que es una norma que protegerá a los niños y se podrá así mismo ejercer con mayor drasticidad las penas para quienes cometan estos delitos.

Así mismo con este proyecto se busca imponer un drástico castigo a los criminales con un alcance de tipo nacional e internacional, además de proteger a los menores y los autores de esos hechos execrables no serán objeto de beneficios en futuros acuerdos de paz que adelante el Gobierno con los grupos alzados en armados.

Ahora el texto aprobado irá a su segundo debate a la plenaria del Senado para su próxima aprobación y en el segundo semestre del presente año y cuando cumpla las dos vueltas reglamentarias y sea aprobado pueda ser incluido en la Constitución Nacional y así permitir que la justicia tenga otra herramienta para castigar a los infractores.

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