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Acumulación indebida de predios de funcionarios públicos y empresarios a investigación

La Contraloría General de la República solicitó a la Agencia Nacional de Tierras –ANT que adelante las acciones judiciales dirigidas a anular las ventas de predios de origen baldío en aquellos casos en que se verifique acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales. 

La familia Iragorri al parecer, lo mismo el expresidente Uribe y el exministro de agricultura Rubén Darío Lizarralde están involucrados en este proceso, según se desprende de la investigación  de la Contraloría.

Cabe resaltar que predios como el Uberrimo tiene como propietarios al ex presidente Álvaro Uribe Velez y predios como Cerro Matoso involucra a la familia Iragorri y Lizarralde además del grupo Santo Domingo.

Esta decisión se toma luego de valorar los informes presentados por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario en los años 2013, 2014 y 2015, sobre 33 casos referentes a 322 predios ubicados los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia.

Los resultados fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, para que dentro del marco de sus competencias determinen si existe responsabilidad penal y/o disciplinaria por parte de funcionarios y/o particulares –según el caso-,  frente al deber institucional de evitar que predios particulares adjudicados originalmente como baldíos fueran vendidos y consolidados en unidades de UAF (Unidad Agrícola Familiar) superiores a las permitidas por la Ley.

No hay competencia fiscal

Después de un proceso minucioso de análisis de los expedientes por parte de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada del Sector Agropecuario, se estableció que dado que las transacciones se derivaron de negocios entre particulares, no es posible imputar a ninguno de estos daño fiscal tal como lo prohíbe expresamente la Ley 610 de 2000.

Una vez el Estado adjudica los baldíos, éstos salen del patrimonio de la Nación y pasan a formar parte del dominio privado del adjudicatario. A partir de allí, los actos negóciales son de carácter privado y escapan al ámbito de acción de este organismo de control, salvo que un juez anule las compraventas por encontrar probada la “mala fe” de los terceros adquirientes.

Se violan topes establecidos por la Ley

No obstante, considera la CGR que si bien no existió un detrimento patrimonial, si es reprochable la violación de los topes establecidos en la Ley, como son la 450

hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar –UAF, establecidos en la Ley 160 de 1994, que están orientados promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma.

De los 43 casos que entraron a análisis de la Dirección de Vigilancia Fiscal, aún queda por resolver la situación de 10, que concentran 183 predios, que equivalen a 199.871.43 hectáreas.

Los 33 casos de acumulación irregular de predios de origen baldío analizados y cerrados desde el punto de vista fiscal en la Contraloría, y puestos en conocimiento de las autoridades competentes, equivalen a 322 predios, para un total de 123.482.89 hectáreas, y son los que se presentan en el cuadro siguiente:

 

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