La Procuraduría inició investigación a 20 departamentos y 35 alcaldías, por incumplir atención integral a población desplazada. Los departamentos que tiene en la mira el ente de control son Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
El Delegado para la Defensa de los DDHH, Gabriel Cera Cantillo, inició el proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades departamentales y municipales han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013.
Así mismo, fueron vinculadas a la indagación las alcaldías de los municipios de Fortul, Saravena y Tame (Arauca); Soledad, Barranquilla y Malambo (Atlántico); Magangué y El Carmen de Bolívar (Bolívar); Patía, Cajibío y Buenos Aires (Cauca); Chimichagua, Valledupar y El Copey (Valledupar).
De igual manera, Tierralta (Córdoba); Pitalito (Huila); Maicaco, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); El Banco, Santa Marta, y Plato (Magdalena); Ipiales y San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta, El Carmen y Teorama (Norte de Santander); Puerto Asís (Putumayo); Pereira (Risaralda); Piedecuesta y Girón (Santander); Sincelejo y Sanonofre (Sucre); Ibagué y Chaparral (Tolima).
Estas acciones iniciadas por el Delegado para la Defensa de los DDHH, designado como funcionario especial por el Procurador General, hacen parte de la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.
