La Fiscalía General de la Nación descubrió un presunto carrusel de supuestos proveedores que habrían servido de fachada a la Comercializadora CIJ Gutiérrez para mover grandes cantidades de oro extraído ilegalmente y lavar los activos producto de la exportación del metal.
La operación ‘Leyenda del Dorado’ sigue poniendo en evidencia las maniobras ilícitas a las que habrían recurrido grandes comercializadoras para sacar del país toneladas de oro obtenidas a través de la minería ilegal y lavar los dividendos producto de esa actividad.
En la segunda fase de esta ofensiva, peritos contables de la Fiscalía General de la Nación verificaron las transacciones realizadas en los últimos 10 años por la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez y descubrieron varias operaciones ficticias que comprometen activos cercanos a los 2.4 billones de pesos, que corresponderían a la compra y venta de oro.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, alrededor de CIJ Gutiérrez se habría configurado un carrusel de supuestos proveedores y subproveedores del metal.
La Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con el comando de apoyo de contrainteligencia militar y tropas de la IV división del Ejército se lograron las capturas del representante legal, el contador y el revisor fiscal de la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez, y otras personas naturales vinculadas al carrusel de proveedores.
Los detenidos son, Andrés Vieira Gutiérrez, representante legal CIJ Gutiérrez, Juan Roberto Muñoz Zapata, revisor fiscal, Guillermo Antonio Rojas Montoya, contador, Margarita Rosa Escobar Pérez, Elkin De Jesús Pérez Yepes, Sebastián Florez Vélez, Adolfo León Olano González, Saúl Horacio Rojas Arroyave, Marisela Del Carmen Sanes Olmos, Henry Alexander Hernández Remolina y José Guillermo Ortiz Olarte.
En las indagaciones se constató que, en realidad, eran empresas fachadas que no cumplían con la razón social registrada, manejaban capitales bajos, no tenían capacidad económica, estaban endeudadas, y figuraban en liquidación o disolución; sin embargo, aparecían en el papel como titulares de operaciones comerciales por miles de millones de pesos.
En las indagaciones los investigadores conocieron en detalle el supuesto origen de los casi 2.4 billones de pesos y establecieron los valores obtenidos a través de las distintas maniobras ilícitas. Algunas son:
Compra directa con personas inexistentes
En consultas hechas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía reafirmó que varias personas que, al parecer, vendieron oro a la comercializadora CIJ Gutiérrez no existen ni los nombres figuran en las bases de datos de identidad de país; aun así, serían proveedores directos con los que supuestamente se cerraron negocios por $1.473.930.989.
Operaciones ficticias y sin justificación
El material probatorio recaudado hasta el momento indicaría que $965.552.476 fueron justificados con compras de oro hechas entre 2006 a 2016 a proveedores que, supuestamente, serían reconocidos en el sector y también abastecerían a otras comercializadoras. En la verificación se determinó que nunca tuvieron vínculo comercial con CIJ Gutiérrez.
Proveedores exclusivos
Asimismo, las indagaciones arrojaron elementos sobre presuntos proveedores exclusivos de CIJ Gutiérrez con los que se habrían hecho operaciones comerciales por $243.222.050, pero no existían ni tenía sede física de funcionamiento.
Adicional a esto en la investigación fueron identificadas otras operaciones ficticias e inexistentes que representaron para la comercializadora más de $1.330.408.832.959.
Operaciones con proveedores sin capacidad económica
Algo más de $652.396.692.876 están representados en transacciones con empresas sin capital ni capacidad económica para respaldar los millonarios negocios que presuntamente concretaron con CIJ Gutiérrez.
Las anteriores modalidades le habrían permitido a la comercializadora CIJ Gutiérrez realizar operaciones comerciales por valor de $2.107.585.38.821.
Dentro del proceso también se encontraron sanciones impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a CIJ Gutiérrez porque no fue posible contrastar la información registrada de sus proveedores. Algunos no funcionaban en los domicilios reportados, de tal manera que no fue posible establecer la verdad sobre las transacciones declaradas.