Para el gobierno, la ley que reduce el aporte en salud de los pensionados «pone en riesgo» el derecho a la salud de 4,4 millones de afiliados y compromete la financiación del Sistema de Salud pues «genera un impacto fiscal promedio anual de $3,7 billones, entre el 2017 y el 2022».
El valor presente neto del impacto ascendería a $100 billones a precios del 2017, entre el 2017 y el 2035, señaló Santos al objetar la ley.
«Se verían afectados los recursos disponibles para financiar los beneficios de salud a los que actualmente tienen derecho, por cuenta de la eliminación de una importante fuente de recursos, afectando a la población más necesitada», dice el texto de las objeciones.
Para la Casa de Nariño, la ley sobre los aportes en salud también viola el principio de equidad y progresividad en materia tributaria.
«El legislador ha omitido el deber de garantizar la sostenibilidad financiera de esta modificación al sistema pensional, lo cual constituye una violación directa(…)el proyecto tiene impacto financiero en el régimen de prima media por reducción del recaudo en cotizaciones y aumento correlativo del pasivo pensional», señala el texto de las objeciones del proyecto que reduce las semanas de cotización en las mujeres que ganaban hasta dos salarios mínimos.
