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Consejo de Estado suspende tercerización laboral. Afecta a empleos de cooperativas y OPS del Gobierno

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El Consejo de Estado suspendió parcialmente la tercerización laboral, es decir, que no se podrá contratar a través de cooperativas de trabajo, en atención a que el Gobierno Nacional rebasó el límite material que le imponía el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 de «formalización y generación de empleo».

Hasta los contratos por prestación de servicios de trabajadores de entidades oficiales se podrían ver afectados por esta decisión.

La ministra del Trabajo, Clara López Obregón, señaló al respecto que la determinación del Consejo de Estado “reivindica nuestra interpretación” de esta norma.  Ante esta situación, López Obregón ha planteado distintas alternativas: derogatoria del Decreto o modificación del mismo, con el fin de impedir interpretaciones contrarias a derecho-

“En diciembre del año pasado habíamos hecho una interpretación legal de cómo debía actuar el Ministerio en materia de tercerización, la cual afirmaba que la regla general tiene que ser el contrato laboral directo”, explicó la alta funcionaria.

Según el alto tribunal, las normas demandadas desbordan materialmente el contenido esencial del artículado, el cual hace referencia a la prohibición de contratar personal a través de cooperativas de trabajo asociado o bajo alguna forma de vinculación de intermediación laboral, para desarrollar actividades misionales permanentes, mientras que la norma reglamentaria suspendida provisionalmente regula aspectos relacionados con la tercerización laboral, dentro de la cual ubica todos los mecanismos legales de intermediación laboral, aspectos estos que no están comprendidos en la referida ley.

La máxima instancia de lo contencioso administrativo recordó que la Ley 1429 de 2010 se expidió con el propósito de reglar los procedimientos de establecimiento de incentivos para formalizar el empleo en Colombia y generar más oportunidades para los jóvenes, por lo que en ella se contemplaron varios beneficios a favor de las pequeñas empresas durante las etapas iniciales de su constitución, tales como el fortalecimiento de programas de desarrollo empresarial, la instauración de descuentos en materia de impuestos, la simplificación de trámites y la creación del Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral.

Dicha norma fue demandada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en abril de 2016 y ahora queda suspendida hasta cuando el Consejo de Estado emita una decisión de fondo.

“La tercerización se puede dar para actividades especializadas, pero mediante esa figura no se puede contratar personal de manera indirecta. Eso se permite, de manera excepcional, con la intermediación laboral de las empresas de servicios temporales que son las únicas autorizadas para enviar personal en misión cuando hay picos de producción, licencias de maternidad u otra necesidad de personal por un máximo un año de duración”, explicó la ministra López Obregón.

Antecedentes

Balance 2016 / El empleo digno y de calidad siguió creciendo en Colombia

Ante el creciente número de querellas por presunta intermediación laboral a través de otras figuras, el Gobierno Nacional consideró necesario promulgar el Decreto 583 del 8 de abril de 2016, el cual buscaba brindar al Ministerio del Trabajo mecanismos para hacer más eficiente el proceso de inspección y vigilancia en los llamados procesos de tercerización. Sin embargo, actores del sector como las organizaciones sindicales expresaron su inconformismo frente a su contenido.

Una vez quede ejecutoriada la decisión judicial del Consejo de Estado de suspender provisionalmente algunas disposiciones del decreto 583 de 2016, el marco jurídico vigente será la Ley 1429 de 2010 y el Decreto reglamentario 2025 de 2011, normas aplicables a los procedimientos administrativos sancionatorios que continuará adelantando la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo.

La siguiente tarea de la cartera laboral será la de adelantar nuevos lineamientos que permita a los inspectores del trabajo conocer e interpretar esta nueva situación jurídica.

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