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Gas Natural si demandará a Colombia ante el Ciadi la próxima semana dicen en España

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La multinacional española Gas Natural Fenosa demandará a principios de la próxima semana al Gobierno colombiano por la liquidación de su filial Electricaribe, según se revela desde España, mientras que Colombia busca aclarar que no se trata de expropiar sino liquidar una compañía que operaba bajo riesgos financieros.

La demanda cursará por parte dee Gas Natural, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.

Las autoridades colombianas han iniciado una ofensiva diplomática para tratar de tranquilizar a las empresas españolas que operan el país y evitar una fuga de inversiones, tras la reciente intervención de Electricaribe, la filial de Gas Natural en el país caribeño, afirma en su edición web el periódico El País de Madrid, España.

La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia ordenó este martes la liquidación de la distribuidora y comercializadora Electricaribe, participada en un 85,38% por Gas Natural Fenosa y en el 14,6% restante por el Estado, tras haber permanecido intervenida por el Gobierno colombiano desde el pasado 15 de noviembre.

La compañía sufría un déficit de caja que le impedía hacer inversiones, provocado por el impago de 1.260 millones de euros en facturas y por un elevado volumen de fraude en el consumo, según la explicación de Gas Natural.

Se ha programado una agenda encuentros con los máximos directivos de las grandes firmas españolas con presencia en el país. El embajador de Colombia en España, Alberto Furmanski, ha telefoneado a Antonio Brufau, presidente de Repsol, que posee un 20% de Gas Natural, y tiene además fuertes inversiones en el país caribeño, tal como lo señala El  País de Madrid.

El diplomático trato de explicarle la situación y de que no existe ningún riesgo de inseguridad jurídica como había señalado Brufau, en declaraciones a la cadena Cope el día anterior.

Tanto en Colombia como en España, las máximas autoridades han tenido reuniones o han contactado con los máximos directivos de multinacionales españolas para convencerlas de que existe seguridad jurídica y que la intervención de la eléctrica es una excepción y tiene causas justificadas, informaron en fuentes diplomáticas.

 

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