Desde el pasado 10 de enero, la secretaria de Salud había solicitado al Ministerio Público suspensión provisional y hoy solicitó a Supersalud remover del cargo al Gerente del Cari.
“Hemos enviado a la Superintendencia de Salud, una solicitud, en el sentido que remueva al gerente del Hospital Cari (Ulahy Beltrán) de su cargo, ya que tienen la competencia para hacerlo, en virtud de los hallazgos de la Procuraduría”.
Así lo dio a conocer la gobernadora Elsa Noguera, en rueda de prensa, tras reunión sostenida con delegados de la Procuraduría, como respuesta a la solicitud hecha por la mandataria tras conocerse la decisión del gerente de entregar la operación sanitaria del hospital a un particular sin que ello incluya un programa de saneamiento para una salida a la crisis financiera de la institución.
La mandataria Departamental, sostuvo que la próxima semana impetrará una acción popular, para solicitar la terminación del contrato “en defensa de la moralidad administrativa”
La petición de la mandataria se fundamenta en la necesidad de avanzar en modernización del sistema de Salud del departamento que incluye la conformación de una red hospitalaria única prestadora de servicio.
De acuerdo con la gobernadora, la decisión del gerente Beltrán no resuelve de manera integral la situación de hospital, cuyas deudas superan los 8 mil millones de pesos, hay atrasos en el pago de nómina, contratistas y proveedores, pero además la prestación del servicio del centro asistencial no es la mejor.
Ratificó la promesa de que en el Atlántico se preste un servicio de primera calidad en los municipios y corregimientos, para lo que es fundamental hacerlo como una red prestadora de servicios, lo que va en contravía de lo que hoy ofrece el CARI.
Basados en las advertencias de la Procuraduría sobre las inconveniencias del contrato, por lo que hay en curso investigaciones, la Administración departamental ha solicitado al ministerio público que en el marco de esos estudios considere la posibilidad de suspender de manera al gerente Ulahy Beltrán y a la Contraloría General de la República que revise el contrato por el impacto fiscal que el mismo tiene.
En la reunión estuvieron presentes además de la gobernadora y su secretaria de Salud Alma Solano, el procurador delegado para la Salud Protección Social y Trabajo Decente, Gelman Rodríguez, la procuradora judicial II María Teresa Trujillo Tobar, la abogada Sandra Rey Tovar,
Como antecedente a esta petición de la gobernadora, el pasado 10 de enero, fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de apertura de investigación disciplinaria en virtud del contrato en mención, por parte de la titular de Salud en el departamento, Alma Solano.
