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Por presunta nómina paralela Procuraduría abre investigación a gobernadora Dilian Francisca Toro

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Por presuntas irregularidades relacionadas con una excesiva contratación de prestación de servicios profesionales en la entidad, la  Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El Ministerio Público busca establecer la existencia de más de 1.100 contratos de prestación de servicios por parte de la gobernación, que, de acuerdo con información aportada al expediente cuenta con una planta de 1.019 empleados.

Así mismo, se busca establecer el número real de contratistas, teniendo en cuenta que la información reportada al proceso no incluyó a quienes laboran con el despacho de la gobernadora, las secretarias del Sector Social, Competitividad y Desarrollo Sustentable, Seguridad y Convivencia Territorial y las dependencias de apoyo transversal.

En 15 días la gobernación deberá entregar a la Procuraduría una relación de todos los contratos de prestación de servicios profesionales, que permitan además de identificar al titular, establecer tiempos, montos, funciones y periodicidad del contrato.

La Procuraduría investiga versiones según la cuales se estaría presentado una nómina paralela para beneficiar a personas cercanas al movimiento político de la mandataria, cuyo vínculo con la gobernación se habría dado luego de que el departamento pusiera en marcha una reorganización administrativa que le permitió desvincular a un sin número de funcionarios.

La investigación también busca establecer la existencia de contratos que superan el monto permitido para cargos de secretarios de despacho, directores o funcionarios, a quienes se les habría delegado la firma de los contratos de prestación de servicios.

Ante las pruebas que obran en el expediente, la Procuraduría rechazó la solicitud de archivo del proceso y ordenó establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría dado, el perjuicio causado a la administración pública y la responsabilidad disciplinaria de la investigada.

 

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