El proyecto de la autoría de la senadora María Fernanda Cabal, Centro Democrático, quien propone introducir modificaciones a la ley de víctimas y restitución de tierras será debatido la próxima semana en el Congreso.
La propuesta se enfoca en los artículos que están relacionados con el proceso que debe cumplir una persona que haya sido desplazada en el conflicto armado y quiera reclamar los predios que le fueron despojados.
Para la senadora Cabal, la actual ley no tiene en cuenta a aquellas personas que compraron las tierras bajo la presunción de buena fe. Explica que muchas de esas tierras fueron vendidas mediante procesos de compra legal y con autenticación por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.
«La Corte Constitucional señala en sentencias que la Ley 1448 tiene vacíos jurídicos y exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer e implementar una política pública comprensiva alrededor de la situación de los segundos ocupantes en el marco de la justicia transicional», señaló la congresista.
Otro proyecto que cursa trámite en esa Comisión y que está agendado para el martes, es el del senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo, quien pretende evitar que miembros del régimen venezolano puedan cometer delitos en Colombia. La ley busca congelar los bienes que tengan en nuestro país dirigentes venezolanos del chavismo sospechosos de delitos como narcotráfico y corrupción.
«Nuestras economías no se pueden convertir en un refugio para el lavado de activos provenientes del robo permanente a la economía venezolana», afirmó Rodrigo Lara, en días pasados en declaraciones de prensa.
Varios proyectos de índole social como el que reforma el Código Civil en temas relacionados con los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y el que modifica la ley de víctimas y restitución de tierras, aparecen en el orden del día del próximo martes, de la Comisión Primera.
En la iniciativa se pide suprimir la expresión ‘legítimo’ del Código Civil, «toda vez que se considera discriminatoria y violatoria de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como de la protección a la familia, niños, niñas y adolescentes. Dado que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes, conforme lo establece la Constitución, por lo que la legislación debe propender por garantizarlos».
