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152 entidades ya tienen definida la ruta anticorrupción para 2019

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El 96% de las 159 entidades obligadas a reportar los planes anticorrupción y de atención al ciudadano para 2019 ya cumplieron el compromiso.

Un total de 152 entidades ya tienen definida la ruta por seguir para luchar contra la corrupción y se redujo a la mitad el número de las que tienen pendiente la publicación de sus planes.

El Departamento Administrativo de la Función Pública reveló que el 96% de las 159 entidades públicas del orden nacional obligadas a reportar los planes anticorrupción y de atención al ciudadano para 2019 cumplieron el compromiso.

 Aumentó en un 4,11% el número de entidades que presentaron el plan anticorrupción para este año.

Al mirar el balance de Función Pública, se observa que se pasó de 146 entidades con planes anticorrupción en 2018, a un registro de 152 entidades que en el 2019 cumplieron con este requisito de la Ley 1474 de 2011.

En este sentido, el Director de la Función Pública, Fernando Grillo, expresó: “El Gobierno del Presidente Iván Duque está comprometido con mejorar las buenas prácticas y el servicio a los ciudadanos. Es por esta razón que destacamos el avance en la formulación y publicación de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano que hicieron las entidades del Estado para 2019. Eso nos permite identificar el desempeño de las entidades y fortalece nuestra estrategia contra la corrupción”.

De acuerdo con Función Pública, aumentó en un 4,11% el número de entidades que presentaron el plan anticorrupción para este año y se redujo a la mitad el número de las que tienen pendiente la publicación de sus planes.

Evaluación de los planes

Luego de la publicación de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano en las respectivas páginas web, en la sección de transparencia y acceso a la información pública, se evaluaron los componentes y la calidad de las hojas de ruta.

“Para el Gobierno Nacional no solamente es importante contar con los planes anticorrupción, sino que se cumpla con los parámetros de gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de los trámites, la rendición de cuentas, el servicio al ciudadano y los mecanismos de transparencia y acceso a la información. Esto hace que el plan no sea un saludo a la bandera, sino una herramienta que blinde a las entidades públicas de maniobras o acciones inapropiadas”, anotó el Director Grillo.

En materia de rendición de cuentas, se identificó que 150 entidades cumplían con este componente dentro de su plan anticorrupción, mientras que 9 entidades tienen el reto de incluirlo para poder cumplir con el requisito de ley.

Panorama territorial

Los planes anticorrupción y de atención al ciudadano a nivel regional también fueron objeto de revisión por parte de la Función Pública, específicamente las gobernaciones y capitales de departamento.

En este sector, se observó que 61 entidades cumplieron con este requisito de ley, llegando a una participación del 97%, mientras, que dos entidades no publicaron los planes en las respectivas páginas web, en la sección de transparencia y acceso a la información pública.

“A nivel territorial también se ha avanzado en la presentación e idoneidad de los planes anticorrupción y hemos visto un incremento del 3,3% de las entidades que se sumaron a dar cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 1474 de 2011, y en el que destacamos que de las 63 entidades a nivel territorial que tienen la obligación, solamente dos tienen pendiente el cumplimiento de este compromiso”, agregó Grillo.

Es importante resaltar que la formulación, divulgación y puesta en marcha de los planes anticorrupción favorece los mecanismos de transparencia en la gestión pública y empodera a los ciudadanos en el ejercicio del control social, en la medida en que son actores activos en el seguimiento a la implementación de las diferentes actividades que en ellos quedaron plasmadas, para ser ejecutadas durante la vigencia.

Los diferentes planes que han formulado las entidades pueden ser consultados por los ciudadanos en sus respectivas páginas web, en la sección de transparencia y acceso a la información pública.

De conformidad con la Ley 1474 de 2011, “cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

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