La Procuraduría General de la Nación pidió declarar inconstitucional la norma que fija como requisito para probar la existencia del estado civil de casado, la obligación de certificar que la mujer fue aceptada por la familia y amigos del esposo, así como por los vecinos de su lugar de residencia.
En concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio Público señaló que la norma demandada (art.396 del Código Civil) vulnera la dignidad e igualdad de las mujeres, porque crea para ellas estándares completamente distintos a los que se fijan a los hombres.
A juicio de la Procuraduría el artículo promueve la realización de juicios morales sobre el comportamiento de las mujeres y perpetúa una visión patriarcal de las relaciones matrimoniales.
El Ministerio Público precisó en su concepto que la Constitución Política reivindica el papel de la mujer en la familia y la sociedad, e invalida las concepciones que la consideran inferior al varón y atan a la decisión del esposo el libre ejercicio de sus derechos.
Por lo anterior la Procuraduría solicitó retirar del ordenamiento jurídico la norma demandada por ser contraria a la Constitución Política, al desconocer el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y la prohibición de cualquier discriminación en contra de las mujeres.
