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Lo que aprobó el Senado antes de ir a extras

Además de la reforma política se estableció la segunda vuelta para la elección del Alcalde Mayor de Bogotá, la prohibición de que las acciones punibles como el secuestro y el narcotráfico sean conexos con el delito político, la publicación de las declaraciones de rentas y bienes de los servidores públicos y la facultad al Congreso para que pueda modificar el 20 por ciento del presupuesto de inversiones de la Nación.

Establecen segunda vuelta para la elección del Alcalde Mayor de Bogotá. Secuestro y narcotráfico no son conexos con el delito político. Servidores públicos deben publicar declaraciones de renta y bines. El Congreso podrá reformar el 20 por ciento del presupuesto de inversiones.   

Las cinco reformas constitucionales quedaron haciendo tránsito para iniciar su segunda vuelta, con cuatro debates reglamentarios en el Senado y la Cámara de Representantes, después del 16 de marzo próximo, cuando se inician las sesiones ordinarias del Congreso.

Debido a que transcurrían las últimas horas de las sesiones ordinarias y no había tiempo, el Senado respaldó los proyectos como los había votado días antes la Cámara de Representantes, con el fin de evitar la conciliación.

El segundo proyecto de acto legislativo puesto a consideración, luego de votarse minutos ante el informe de conciliación de la Reforma Política y Electoral, fue el texto de la iniciativa que modifica el artículo 323 de la Constitución. Un total de 56 senadores aprobaron y ocho negaron el texto de la iniciativa que venía de la Cámara de Representantes.

Según lo aprobado, el Alcalde Mayor será elegido para un periodo de cuatro años, por el 40 por ciento de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos con las formalidades que determine la ley. «Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubiesen obtenido las más altas votaciones. Será declarado Alcalde Mayor quien obtenga el mayor número de votos en la segunda vuelta».

Esta iniciativa generó discusión al interior de la plenaria. La vicepresidenta Angélica Lozano (Alianza Verde) dijo que se estaban modificando las reglas de juego y «se está cambiando un articulito por beneficio propio. Por ello anuncio mi voto negativo a esta reforma».

Por su parte, el senador Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, dijo: «Los mayores avances de Colombia en los sectores tecnológicos y educativos se han hecho en Bogotá y los quieren destruir».

El senador John Milton Rodríguez (Colombia, Justa y Libre) dejó una constancia para que en los próximos cuatros debates se revise el tema y la norma aprobada cobije también a los municipios de más de 200 mil habitantes, es decir que se establezca la segunda vuelta para la elección de alcaldes.

La senadora Esperanza Andrade (Partido Conservador) también apoyó la iniciativa al destacar los siguientes datos: «Si miramos la estadística de las últimas cuatro elecciones de Alcalde Mayor en Bogotá, encontramos que Lucho Garzón fue elegido, con el 24 por ciento de los votos, Samuel Moreno, con el 20; Gustavo Petro, con el 14 y Enrique Peñalosa, con el 16».

No son delitos conexos

Luego se votó el proyecto que adiciona un inciso al artículo 150 de la Constitución Nacional, al señalar que los punibles de secuestro y narcotráfico no son conexos con el delito político y tampoco podrán ser objeto de indulto ni de amnistías.

Tras votarse afirmativamente la iniciativa se generó una discusión en la que varios partidos políticos, a través de voceros como los senadores Efraín Cepeda (Conservador), Luis Fernando Velasco (Liberal) y los de la oposición Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Alexander López (Polo Democrático), dejaron sendas constancias solicitando que no se cerrara la puerta a un eventual diálogo con el Eln e incluso Cambio Radical, a través del legislador Richard Aguilar, propuso reactivar la mesa de diálogo con ese grupo alzado en armas. Incluso se dijo que se estaba buscando hacer trizar el acuerdo de paz.

Sin embargo, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) expresó que el narcotráfico no puede financiar la política.

Precisamente, el ponente de la iniciativa Santiago Valencia (Centro Democrático) agradeció el apoyo sobre ese acto legislativo. «El Congreso lo que le manda es un mensaje al Eln, de que no puede seguir secuestrando ni narcotraficando si quieren la paz. No se trata de hacer trizas los acuerdos de paz. El Eln tiene alternativas en el proceso de las Farc con la justicia transicional. Además tiene hasta junio para que reflexione», ya que en ese mes entraría en vigencia esta reforma constitucional.

Una vez concluida la presentación de constancias, los senadores entraron a discutir la reforma al artículo 122 de la Constitución Política, que busca hacer efectiva la publicación del patrimonio no solo del servidor público, sino también de los particulares que ejercen funciones públicas o administran recursos estatales, tanto al posesionare en el cargo como al retiro.

Así mismo se ordena levantar la reserva de las declaraciones de renta y bienes, pero solo en casos que lo requieran la Contraloría o la Procuraduría, como entes de control, o la Fiscalía.

De inmediato, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) dijo que ese artículo iba en contravía de la consulta anticorrupción votada recientemente por cerca de 11,5 millones de colombianos. Es más, el presidente Iván Duque radicó el 8 de agosto este proyecto de acto legislativo en el que se pedía levantar la reserva bancaria, pero sin obstáculo alguno. Así han actuado todo el Gabinete ministerial y la Corte Constitucional. Los ministros y los magistrados han publicado sus declaraciones de bienes y rentas, sin problema».

Por su parte, el senador Alexander López (Polo Democrático) sostuvo que con esta reforma se buscaba reservar aún más la declaración de renta. «Este proyecto no tiene ningún sentido. Elevar a rango constitucional la reserva es jugarle sucio a los colombianos».

Seguidamente intervino la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien señaló que dicho proyecto fue modificado en la Cámara de Representantes y que esperaba que en la segunda vuelta se regrese a su texto original, es decir que la reserva de las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos pueda ser consultada por los todos los colombianos.

Por último se puso a consideración la iniciativa que modifica el artículo 351 de la Constitución Política, que consagra que el Congreso de la República puede modificar hasta el 20 por ciento del presupuesto de inversión de la nación.

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