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Gobierno radica proyecto de nueva política nacional de vivienda

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Proyecto de ley propone simplificar los trámites y disminuir los tiempos para el otorgamiento de licencias de construcción y compra de vivienda.

Con el fin de facilitar el acceso a créditos hipotecarios, de simplificar los trámites para la construcción y compra de vivienda y mejorar la coordinación interinstitucional de la política de vivienda y hábitat, el Gobierno Nacional, a través del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, radicó ante la Secretaría General del Senado, un proyecto de ley en el que se fija la nueva política nacional de Vivienda.

Se buscará simplificar los trámites para la construcción y compra de vivienda y mejorar la coordinación interinstitucional de la política de vivienda y hábitat.

La iniciativa también busca facilitar el acceso de los hogares de menores recursos a los subsidios y créditos de vivienda, lo mismo que la simplificación de los parámetros e instrumentos bancarios.

Este proyecto propone la creación de un entorno normativo favorable para la implementación de planes de subsidio al arrendamiento, como el programa semillero de propietarios lanzado por el Gobierno Nacional.

Con el fin de agilizar las solicitudes de licencias de construcción, ya que en la actualidad se deben surtir hasta 20 requerimientos dependiendo de lo exigido por las entidades territoriales, se recomienda la implementación de un sistema de información transaccional que estandarizaría los contenidos y procesos de planificación territorial, con lo cual se podría destrabar una de las problemáticas en la ejecución de las políticas de vivienda.

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En Colombia la cartera hipotecaria, que refleja las posibilidades de acceso de los hogares a créditos de vivienda, es de las más bajas de América Latina, ubicándose en un 6,4% frente al 10% de los países vecinos. En ese sentido se ampliarán los plazos y montos máximos de dichos créditos y se crearán figuras como la hipoteca inversa.

“Necesitamos simplificar los créditos, modificar los parámetros, plazos y montos que hoy en día tienen muchas restricciones desde el punto de vista normativo.  De esa forma se podrán desembolsar mas créditos hipotecarios”, dijo el Ministro Malagón.

La iniciativa gubernamental también creará un entorno normativo favorable para la implementación de programas de subsidio al arrendamiento, como el programa Semillero de Propietarios lanzado por el Gobierno Nacional.

En segundo lugar, el proyecto de ley propone simplificar los trámites y disminuir los tiempos para el otorgamiento de licencias de construcción y compra de vivienda.

Según el informe Doing Business 2019 del Banco Mundial, el país cayó seis puestos en el índice de competitividad frente a 2018, pasando del puesto 59 al 65 entre 190 países. En particular, el indicador que más decreció fue el de los permisos de construcción, bajando ocho puestos (del puesto 81 al 89). Uno de los factores que más afecta esta situación es la demora en la solicitud de las licencias de construcción, pues se deben surtir hasta 20 requerimientos dependiendo de lo exigido por las entidades territoriales.

Buscando mitigar esta situación, una de las medidas propuestas será la creación de un Sistema de Información Transaccional que estandarizará los contenidos y procesos de planificación territorial para destrabar uno de los principales cuellos de botella en la ejecución de las políticas de vivienda.

“Si nosotros logramos digitalizar y simplificar todos los trámites del constructor, el costo de la vivienda en Colombia puede caer por lo menos un 10%. Tendríamos viviendas más competitivas y  más acceso”, agregó el Ministro de Vivienda.

Además, el Gobierno Nacional acompañará a las alcaldías en la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, con el fin de que sean instrumentos fáciles, útiles y transparentes. Para esto contarán con incentivos y asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y tendrán un plazo máximo hasta diciembre de 2025 para su actualización.

Para lograr ello se propone enlazar las diferentes entidades del Gobierno en la generación de oferta institucional, incluyendo centros de desarrollo infantil, colegios, parques, centros de salud, estaciones de policía y bibliotecas públicas, entre otros.

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