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Contraloria señala que EPM tomó decisiones sin sustento técnico, durante la construcción de Hidroeléctrica de Ituango

La EPM responsable del proyecto de la Hidroeléctrica de Ituango, tomó decisiones sin sustento técnico, durante la construcción, y que el licenciamiento ambiental estuvo plagado de errores, revela auditoria de cumplimiento de la Contraloría General de la Nación.

Al culminar una Auditoría de Cumplimiento, la Contraloría General de la República formuló 35 hallazgos, de los cuales 29 tuvieron presunta incidencia disciplinaria y 8 penal, los cuales puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación.

El Ministerio de Ambiente expidió la licencia ambiental del proyecto a sabiendas de que el lugar presentaba cantidad de fallas geológicas ampliamente conocidas y registros de derrumbes frecuentes.

Los procesos sancionatorios abiertos por la ANLA, desde hace 8 años, no han sido fallados, por inactividad procesal. Daños sociales y ambientales incalculables por desastre del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, ocasionados por graves errores en la expedición y modificaciones de la licencia ambiental y reiterados incumplimientos por parte de EPM.

En el desarrollo de la construcción, EPM ocultó información a la autoridad ambiental y avanzó obras sin la licencia requerida. El Contralor Edgardo Maya Villazón exige información completa a los involucrados en el proyecto, que se elimine tanta incertidumbre frente a la realidad y futuro de esta importante megaobra y que las entidades públicas ejerzan sus funciones con la responsabilidad requerida por el país.

Es el caso del taponamiento de los túneles de desvío inicialmente diseñados, frente a los cuales no construyó las compuertas que permitieran el control del cauce, advierte la auditoria de la Contraloría.

Una decisión basada más en criterios económicos por el alto costo de las compuertas.

En su reemplazo, EPM construyó el túnel que al colapsar generó la falla del sistema, con los consecuentes problemas de gran magnitud ocasionados por la emergencia de abril de 2018.

Para la CGR, la capacidad destructiva de las aguas del río Cauca tuvo libertad absoluta porque EPM perdió el control hidráulico del proyecto y el plan de contingencias no tenía previsto el riesgo catastrófico ocurrido, con lo cual, ante la incapacidad de esta empresa para atender la emergencia, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres asumió su liderazgo.

Aún no se tiene claro el costo para la Nación y los entes territoriales de la atención de la emergencia, que además no ha sido superada, pues las poblaciones aún se encuentran en albergues sin poder recuperar sus vidas.

Incumplimientos, retrasos y riesgos

Según el Contralor Edgardo Maya Villazón, son tantos los incumplimientos de EPM a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental, que no se explica el por qué la ANLA no ha expedido ni una sola sanción, y más bien, su posición permisiva contribuye a que los riesgos del proyecto no estén manejados técnicamente como debe ser, para evitar mayores daños a los habitantes y a los recursos naturales.

Las compensaciones, la protección de especies amenazadas y la reforestación, entre otras obligaciones, llevan mucho tiempo de retraso y la ANLA en vez de hacer uso de su competencia sancionatoria, cada vez fija nuevos plazos para su cumplimiento, en detrimento de las condiciones ambientales de las zonas afectadas por el proyecto.

“Ni las autoridades de los municipios y mucho menos sus habitantes tienen plena información sobre los riesgos del proyecto y hasta cuándo la incertidumbre que rodea la situación va a cesar”, lamentó Maya Villazón.

Incalculables daños sociales y ambientales

Através de su Delegada de Medio Ambiente, la Contraloría General de la República realizó una auditoría donde evaluó el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0155 de 2009 a EPM para la construcción, llenado y operación del Proyecto Hidroeléctrico- Pescadero Ituango.

La conclusión de la auditoría es que son incalculables los daños sociales y ambientales producidos por el desastre del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango. Y todo a consecuencia de graves errores cometidos en la expedición y modificaciones de la licencia ambiental y reiterados incumplimientos por parte del dueño del proyecto.

Al finalizar la auditoría, la Contraloría General de la República formuló 35 hallazgos, de los cuales 29 tuvieron presunta incidencia disciplinaria y 8 penal, los cuales puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación las fallas detectadas.

La auditoría a la gestión de las autoridades ambientales en el proceso de licenciamiento del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se adelantó desde febrero pasado, meses antes de ocurrida la emergencia.

 

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