El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que presentó el procurador Fernando Carrillo en contra de la empresa que es filial en Colombia de la estatal española Canal de Isabel II, Inassa.
La Procuraduría General pretende con la acción, que se obligue a la empresa española Inassa a devolver hasta el último centavo que ha obtenido por un contrato que pactó con la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla Triple A en el año 2000.
Este contrato ha representado hasta ahora más de US$80 millones ( $237.000 millones).
Inassa que es socia mayoritaria de la Triple A, consiguió al tiempo hacerse a una asesoría técnica por la cual la entidad le ha pagado, en promedio, unos $1.600 millones mensuales.
“Este pago, en principio, no es ilegal, aunque sí evidentemente leonino para el distrito de Barranquilla”, señaló la Procuraduría.
El Ministerio Público pidió «dejar sin efectos el contrato de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica” que pactaron la Triple A e Inassa hace 18 años, “y todos aquellos actos jurídicos tendientes a adicionar, modificar, ampliar el referido negocio jurídico”.
El caso está en manos del magistrado de la Sección Primera Oscar Armando Dimaté Cárdenas quien ordenó notificar a las partes y vincular a la Alcaldía de Barranquilla en el proceso como tercera interesada.
Las partes tiene diez días para pronunciarse de la solicitud que hizo la Procuraduría de suspender, de manera provisional, el contrato y que se ordene el embargo de las acciones de Inassa en la Triple A, así como el embargo de la participación accionaria, derechos, rentas y bienes de Inassa en Colombia y en el exterior.
