Con la preselección de siete organizaciones para el desarrollo de proyectos productivos, el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, inicia en Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, departamento de Córdoba, la fase de asistencia técnica para apoyar a los campesinos que erradicaron sus cultivos de uso ilícito.
Las organizaciones que sean seleccionadas trabajarán, en principio, en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré.
El director del Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, Eduardo Diaz Uribe, recordó que “se trata de un paso clave para que las familias en el territorio puedan desarrollar proyectos productivos, apoyadas por el Estado y la empresa privada, que garanticen no solamente su protección alimentaria, sino una actividad lícita y rentable que mejore sus condiciones de vida”.
Durante el año 2017 en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré se vincularon al PNIS 2.885 familias cultivadoras de coca, recolectoras y no cultivadoras.
Entre los compromisos de las comunidades están la sustitución voluntaria de 984 hectáreas de coca, previamente verificadas por UNODC, por proyectos productivos; no resembrar, ni cultivar, ni involucrarse en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito, ni participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstas.
A marzo de 2018, tanto Gobierno como comunidades han avanzado en el cumplimiento de estos compromisos.
Las comunidades de Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador han cumplido con la erradicación de más de 878 hectáreas de hoja de coca. Solo en el caso de Montelíbano, por ejemplo, fue erradicado el 94%, y en Puerto Libertador fue retirado el 98% de la coca sembrada.
Por su parte, el Gobierno Nacional efectuó el segundo pago a 2.284 familias de la asistencia alimentaria inmediata definida en el Plan de Atención Integral. En total para los tres municipios se han entregado 7.448 millones de pesos.
Como complemento se inicia la convocatoria para la postulación de organizaciones que desarrollarán la Asistencia Técnica Integral, encargada de la implementación de proyectos productivos a corto, mediano y largo plazo; así como la seguridad alimentaria por valor de 20.8 millones de pesos, por familia cultivadora y no cultivadora inscrita en el PNIS.
Finalmente, Diaz Uribe señaló que en la jurisdicción del municipio de Tierralta, donde se estima que hay entre 2.700 hectáreas sembradas con hoja de coca, se ha avanzado en el proceso de socialización y de preinscripción de las familias campesinas que expresaron voluntariamente su deseo de vincularse al programa.
