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MinComercio respalda medidas tomadas por la SIC contra prestadores de servicios turísticos por incumplimientos sistemáticos

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo respaldó las medidas judiciales y/o administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Turismo (SIC) contra las empresas Volare Travels y C.T.R. Travel Holding, por el incumplimiento sistemático en la prestación de servicios turísticos.

“Estas medidas evidencian la importancia de la denuncia ciudadana cuando las empresas incumplen con la prestación de los servicios turísticos contratados, como lo demuestra este caso, cuyas sentencias condenatorias son el resultado de más de 200 quejas o denuncias en contra de estas agencias, presentadas por personas afectadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante el grupo de protección al turista del Ministerio”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.

A Volare Travels se le han impuesto 20 sanciones por un valor superior a mil millones de pesos y se le suspendió el Registro Nacional de Turismo (RNT) por infracciones al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

“La protección del consumidor es y tiene que seguir siendo una lucha conjunta entre la ciudadanía y el gobierno, para que en todo momento exista equidad, certeza, seguridad jurídica y justicia en las relaciones comerciales entre empresas y consumidores”, resaltó la Ministra Gutiérrez.

La SIC, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de sus delegaturas de Protección al Consumidor, de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal y de Protección de Datos Personales, busca que los derechos de los consumidores a la información veraz, a la protección contra la publicidad engañosa, a la seguridad de los productos y a la intimidad, estén siempre salvaguardados frente a algunas prácticas en las que pueden incurrir los agentes del mercado.

El Estatuto del Consumidor establece un sistema de normas que articula los derechos y deberes de los consumidores y empresarios con las distintas herramientas procesales para hacerlos efectivos y, a su vez, impone obligaciones a las autoridades para crear en el país una cultura de consumo responsable al implementar programas de información y educación, que constituye un logro importantísimo para el fortalecimiento del mercado nacional.

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