Interpol tiene circular azul para Massoud Deihdeban, director de proyectos y representante legal de CB&I, para que sea obligado a cumplir con una medida de aseguramiento que le fue impuesta en Colombia.
Deihdeban, que ha comparecido por videoconferencia desde Houston, deberá ser deportado desde donde se encuentre para responder por los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito en relación con los millonarios sobrecostos que se generaron en la modernización de la planta de Refinería de Cartagena (Reficar).
El juzgado 16 de control de garantías solicitó la circular azul en contra del Iraní Deudehban, a quien un juez ordenó enviar a la cárcel mientras avanzan las investigaciones por el caso de la refinería de Cartagena, Reficar.
La Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito en favor de terceros, cargos que no fueron aceptados.
El extranjero que permanece en Estados Unidos deberá llegar a Colombia a cumplir con la medida de aseguramiento en un centro carcelario y responder ante la justicia por la presunta desviación de recursos.
Además, el juez de garantías emitió una orden en la que se prohibe a Orlando José Cabrales, ex presidente de Reficar salir del país.
La orden de captura internacional fue dictada por el Juez 16 de Garantías de Bogotá quien consideró que el directivo “atentó contra varios bienes jurídicos protegidos” y “su comportamiento es reprochable, en la medida en que hay un grado alto de probabilidad de que este ciudadano se haya apoderado de dineros del Estado, para lo que se valió de maniobras que lo permitieron”, por lo que representa un peligro para la sociedad.
Orlando José Cabrales, expresidente de Reficar, deberá igualmente presentarse los cinco primeros días de cada mes; Philip Kent Asherman, exdirectivo de CB&I, deberá presentarse en el consulado de Colombia en Texas dos veces al mes; Pedro Alfonso Rosales, exvicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol, y Carlos Alberto Lloreda, exmiembro de la mesa directiva de Reficar, tienen prohibido salir del país.
Cabrales y Rosales fueron llamados a juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, y Llorera por falsedad ideológica en documento público y complicidad en peculado por apropiación a favor de terceros, en tanto que la Fiscalía le imputó a Asherman el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, a Reynoso los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y varios concursos de falsedades ideológicas en documento público, y a Laverde los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros e enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
