“La Agencia nacional de seguridad vial, debe articular los entes nacionales, gobernaciones y municipios para lograr reducir al máximo los accidentes” señala un informe del Congreso de la República.
En el marco del foro regional sobre Seguridad Vial, se trato el alto índice de accidentalidad en las vías nacionales y las consecuencias de este flagelo.
La velocidad, la falta de experiencia al conducir un vehículo, la proliferación de motos sin restricción alguna, la mala calidad de los cascos y elementos de seguridad, la importación de vehículos inseguros que no se comercializan en ningún otro país del mundo, la corrupción de funcionarios públicos, entre otros, fueron los aspectos que se determinaron como causantes de la alta accidentalidad, especialmente en puentes festivos.
Las autoridades destacan que “la licencia de conducción no es un derecho, es un privilegio y los privilegios se ganan”, es imperativo ser muy estricto en el tema de otorgar licencias, los cursos, presentar los exámenes correspondientes y lo más importante acabar con la corrupción de intermediarios y funcionarios de las oficinas de tránsito.
El presidente de la Comisión Accidental de Seguridad Vial del Congreso de la Republica, explicó la necesidad de aprobar la reforma al Código Nacional de Tránsito, proyecto que se tramita en la comisión sexta del senado y que busca una verdadera y real legislación sobre el tema de la accidentalidad vial en el país, que afecta a miles de familias de fallecidos y heridos involucrados en estos percances.
El congresista expuso su inconformidad e hizo varias críticas sobre el manejo que se le da a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependencia del ministerio de transporte, que desde su creación ha sido muy poco su aporte para disminuir el grave flagelo de la accidentalidad, pero si se ha gastado miles de millones de pesos en burocracia; según el congresista, “es muy poco, casi nada lo que la agencia puede mostrar como gestión positiva”, por eso, insistió en la necesidad de una reforma al Código Nacional de Tránsito y una reestructuración total de la agencia para que cumpla con la verdadera función que le fue asignada.
Por su parte, el alcalde de la ciudad de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, también mostró su preocupación ante las escandalosas cifras, 220 mil muertos en las vías durante un periodo similar, al que tuvo el conflicto armado, 7.500 muertos por año y otros tantos miles de heridos y personas que quedan de por vida en estado de discapacidad. Esta situación afecta el presupuesto, de salud pública, de seguros, de huérfanos y viudas regados por el territorio nacional. Coincide con el congresista en la necesidad de una reforma urgente al código de tránsito.
Guillermo Galindo Bueno, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, defendió su gestión e hizo un balance a la fecha donde mostró que se han firmado 19 convenios con departamentos y 19 con municipios para articular así la integralidad en la seguridad vial y destacó las causas y consecuencias de la alarmante cifra de accidentalidad.
Otro de los aspectos que trajo a colación el funcionario es la mala gestión en algunas ciudades por parte del servicio de ambulancias, que ante una emergencia, libran una guerra del centavo y someten a las víctimas al llamado paseo de la muerte, además se utiliza ilegalmente el SOAT para accidentes y problemas de salud diferentes a los de tránsito.
Al evento asistieron, Javier Jaramillo, superintendente de tránsito y transporte; Marco Fidel León Erazo, presidente nacional de seguridad vial; altos mandos de la policía vial; el Concejal Oswaldo Rubio; directivos de la Corporación Creer en lo Nuestro organizadores del encuentro; lamentable la ausencia del Ministro de transporte que nos negó la posibilidad de escuchar soluciones frente a la crisis que atraviesa la accidentalidad vial del país.
