La iniciativa, que solo requiere la firma presidencial para convertirse en Ley, busca visibilizar y resaltar la importancia de este grupo dentro de la sociedad.
El desarrollo del principio constitucional de la igualdad, la inclusión y respeto de los derechos humanos de las personas de talla baja, es decir aquellas con trastorno de crecimiento de tipo hormonal o genético, más conocidos por padecer enanismo.
La senadora ponente, Nidia Marcela Osorio, perteneciente al Partido Conservador, asegura que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y por eso no debe existir ningún tipo de recriminación, “Estas personas deben ser incorporadas a la ley de discapacidad que ya existe en Colombia, para que se sientan en igualdad de condiciones con relación a los demás y no en condición de vulnerabilidad. También para que tengan más posibilidad de participar en nuestra sociedad”, sostuvo la legisladora.
En el proyecto de ley de autoría de los representantes Arturo Yepes, Jair Arango y Oscar Darío Pérez, se hace referencia a varios aspectos de relevancia internacional, como que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estudia la propuesta para la formalización del día mundial de las personas de talla baja.
Esta declaración, ha sido objeto de estudio y desarrollo en varios países de Latinoamérica, como en México, que fue sede del primer Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Bolivia y Ecuador son otros de los países en los cuales, por medio de una ley, se ha declarado el 25 de octubre, como el día nacional de las personas de talla baja.
En cuanto a Colombia, en el proyecto se hace referencia a los datos suministrados por El Ministerio de Salud y Protección Social en relación al Registro de las personas de talla baja, siendo el departamento de Antioquia donde habitan el mayor número de estas personas.
De acuerdo con la senadora Osorio, en el registro de nuestro país sólo hay 1000 personas con enanismo, pero “se calcula que la cifra debe rondar las 20 mil, es por eso, que se debe visibilizar su existencia para que se apliquen las leyes en torno a su protección y las entidades territoriales promuevan la inclusión social, que no sean vistos de manera despectiva, ni utilizados en actividades inapropiadas”..
