El ilícito que se cometió a través de Inassa, el tentáculo de los españoles en América Latina que se apropió de la mayoría accionaria de la empresa Triple A de Barranquilla, a través de maniobras que hoy tienen en la mira a cuatro exalcaldes, Édgar George, Bernardo Hoyos, Humberto Caiaffa y Guillermo Hoennigsberg, tendrá esta semana días claves cuando las autoridades de control en el país, definan si involucran a organismos como Findeter en esta investigación.
Pero la lista de políticos colombianos implicados en el caso, conocido como Blas de Lezo, es larga y el eslabón de los sobornos ya está identificado, pero el ente investigador no reveló el nombre del implicado.
Entre los audios, la mayoría revelados por la prensa española, existe una conversación que llamó la atención del fiscal Néstor Humberto Martínez y al procurador Fernando Carillo, quienes viajaron a Madrid en busca de información.
En este, Edmundo Rodríguez le relata a su exdirectora financiera Fernanda Richmond que el colombiano Diego García Arias, cabeza de Inassa, se encargaba de los sobornos.
“Ha pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes…Estoy harto de decirle a Diego y a todo el mundo que la única manera de cerrar esta historia para siempre es con la venta. ¡Es la venta! ¡Es la venta! Olvidarnos de todo”.
Desde 2010, el representante en la Triple A del alcalde de Barranquilla Álex Char, estaba ofreciendo la empresa. Medios españoles revelaron un audio en el que le dice al ahora confeso estafador de Interbolsa, Tomás Jaramillo, que se quede con la Triple A, porque los españoles estaban desesperados por venderla.
García, quien espera su extradición a España, es uno de las pistas del saqueo. Las autoridades tienen pesquisas que en agosto de 2014 compró por 521 millones de pesos un apartamento en Cartagena. Y lo traspasó 6 meses después a familiares, miembros de una iglesia cristiana, que dicen haber pagado 630 millones de pesos.
En esa ciudad también adquirió un apartamento en el condominio Brisas del Mar que, un año después, vendió por 277 millones de pesos a un familiar. Y en Santa Marta desembolsó 808 millones de pesos por un apartamento en el Rodadero y compró otro, de 414 millones de pesos y 300 metros, en el edificio Bellini de Barranquilla.
Hasta el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo ha estado inmerso en la investigación con señalamientos. La más reciente la libró contra el Canal Isabel II, al que le logró quitar el recaudo de impuestos en Santa Marta (que tenía a través de R&T) y el control de Metroagua, gracias a una acción popular. En 2011, Caicedo fue vinculado al proceso, y aunque ha declarado 22 veces y ha pasado por 45 fiscales, aún no hay una decisión de fondo.
Caicedo denunció a 7 alcaldes samarios y a directivos del acueducto, entre los que está Diego García, pedido en extradición por España por el caso Inassa.
